La situación humanitaria y de los derechos
humanos en Colombia sigue siendo grave, y en ella la población civil sigue
sufriendo la peor parte del prolongado conflicto armado interno del país. Las
fuerzas de seguridad, los paramilitares y los grupos guerrilleros siguen siendo
responsables de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del
derecho internacional humanitario, y haciendo caso omiso del derecho
fundamental de los civiles al no verse involucrados en el conflicto” (La
situación de los derechos humanos en Colombia: Declaración escrita de Amnistía
Internacional al 13º periodo de sesiones del consejo de derechos humanos de la
ONU (1-26 de marzo de 2010))
El panorama general en
materia de derechos humanos en Colombia, ha permitido que las organizaciones de la sociedad civil (OSC), en especial las
organizaciones no gubernamentales (ONG), se vayan posicionando como uno de los
agentes más influyentes en el territorio, debido a que las acciones y la
voluntad del Estado respecto a este tema son cuestionadas como ineficaces.
De esta manera, las
redes conformadas por las OSC, contribuyen de manera clave a la convergencia de
las normas sociales y culturales; dado que la información que circula por esta
estructura de interacciones, sirve como cimiento para sentar posiciones autónomas,
apoyar procesos de integración regional e internacional, o para la toma de
decisiones de otros actores (Estados, organismos intergubernamentales y
multinacionales o transnacionales) (OING y derechos humanos en Colombia Un
golpe ineludible y vigoroso de la sociedad civil, Eril M. Marín).
Asimismo, la interacción entre los organismos
intergubernamentales, los Estados y los actores de la sociedad civil, permite que
se aumenten las probabilidades de debate e intercambio de información en temas,
como los derechos humanos. Pero realmente ¿Cuál es el papel desempeñado por las organizaciones de la
sociedad civil, en aras de alcanzar la meta de promoción y defensa de los
derechos humanos en Colombia? ¿Qué estrategias han implementado para ello?
Aquí se quiere señalar,
que el papel ejercido por las OSC está determinado por el ciclo de las políticas públicas. Es decir,
las OSC han de ser más propositivas y conscientes puesto que mediar, comentar, generar
conocimientos, promover, evaluar, y ejecutar planes y proyectos; son algunos de
los múltiples roles que deben asumir para alcanzar satisfactoriamente su meta
de promoción y defensa de derechos
humanos (Mary Kaldor, los movimientos sociales: de lo local a lo global).
No
obstante, es en procura de desempeñar estos roles y de alcanzar su meta, que los
agentes de la sociedad civil han organizado su trabajo en torno a las cuatro
estrategias que plantean las autoras Margaret Keck y Kathryn Sikkink, y las
cuales simultáneamente, permiten romper los diversos obstáculos que aparecen entre
los grupos nacionales y los gobiernos. (Transnational advocacy networks in
international and regional politics)
Hoy en día, los integrantes de las redes buscan activamente
múltiples formas de colocar sus temas de interés en la agenda de sus respectivos gobiernos, pero
han sido las organizaciones sindicalistas y las ONG, los actores encargados de revelar los graves
abusos en derechos humanos que se presentan en países, como Colombia. En
particular se observó que en el sector textil colombiano, caso Everfit – Indulana, el usó de las Cooperativas
de Trabajo Asociado (CTA) socavan con la libertad de los trabajadores y
vulneran los derechos básicos laborales, en la medida en que; el empresario se
libera de toda responsabilidad derivada del Código Sustantivo del Trabajo, dado
que los trabajadores afiliados a cooperativas están fuera del sistema laboral;
se desmejoran las condicionales laborales; y se limita la capacidad de acción
de los sindicatos, puesto la diferencia jurídica que genera este modelo de
trabajo, evita su asociación.
Ahora bien, fueron estas continúas demandas por parte de los
trabajadores colombianos y la presión de los diversos actores de la sociedad
civil internacional, como la Organización Internacional de Trabajo (OIT), los
que forzaron al gobierno colombiano a reconsiderar esta modalidad de contratación.
De esta forma, la Ley 1233 de 2008, estableció como causal de disolución, las
actuaciones de las CTA como empresas de intermediación laboral, mientras que el
Decreto 2025 de 2011 prohibió contratar
trabajadores para tareas misionales por medio de cooperativas y empresas subcontratistas.
Adicionalmente, a principios de 2011, los presidentes Obama y Santos aprobaron
el Plan de Acción Laboral (PAL), cuyo componente principal se basa en la
abolición de las CTA para el 2013.
Igualmente es importante adicionar, que en la actualidad el Departamento
de Trabajo estadounidense se encuentra
apoyando la implementación del PAL, por ende aprobó una ayuda de dos (2)
millones de dólares. Sin embargo, como explicó la secretaria de Trabajo
estadounidense, Hilda Solís: “La donación es un esfuerzo para garantizar
que Colombia tenga todas las herramientas necesarias para llevar a cabo este
compromiso", por lo que la OIT será la encargada de gestionar dichos
recursos. (El Espectador, EE.UU. concede US$ 2 millones para plan de acción
laboral colombiano)
Otro caso que demuestra que las ONG están interesadas en que se dé
la promoción y defensa de los derechos humanos, es el concerniente a los niños
que hacen parte del conflicto armado; y aunque informes del Secretario General al Consejo de Seguridad de la ONU (2011) demuestran que el
gobierno colombiano ha logrado importantes avances en el debilitamiento de los
grupos armados al margen de la ley, dando de baja a líderes como Raúl Reyes y
Alfonso Cano, los enfrentamientos en departamentos, tales como Arauca, Meta y
Norte de Santander continúan acentuándose y perjudicando a los niños.
De este modo, en el 2010 y como consecuencia de los múltiples
informes realizados por el Alto comisionado de las Naciones Unidas en Colombia
a la ONU, el Consejo Nacional de Política Económica y Social de Colombia
elaboró el CONPES 3673, con el objeto de prevenir el reclutamiento y
utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales,
asimismo se creó con el Decreto 4690 de 2007 la Comisión Intersectorial para la
Prevención del Reclutamiento y el gobierno ofreció la protección necesaria que
brinda la ley de Justicia y Paz (Ley 975) a los niños que se desmovilizaron de
estos grupos.
Las anteriores redes, evidencian que las ONG locales y
transnacionales se encuentran sincronizadas en la política nacional e
internacional, con el fin de velar por
la protección de los derechos humanos. “Así
no sólo intercambian información sobre violaciones de derechos humanos sino que
elaboran estrategias de movilización social con referentes de otros lugares y
en ocasiones las hacen paralelas; con ello logran un mayor impacto”. (OING
y derechos humanos en Colombia Un golpe ineludible y vigoroso de la sociedad
civil, Eril M. Marín).
Hasta aquí se ha hecho referencia a los derechos de los menores,
los de los trabajadores (en el caso de la cooperativas), y el trabajo que
adelantan redes donde las ONG son los nodos más importantes, pero como hay más
componentes de la sociedad civil, ¿Conoce usted algún caso donde otro de los
componentes de las redes de la sociedad civil haya interactuado para proteger
los derechos humanos? Comente qué hicieron y el éxito logrado.
BYVIANA RANGEL M.
Si bien se puede ver a través de los ejemplos mencionados la influencia que pueden llegar a tener las OSC en política pública, una de las críticas más fuertes que se le hace al gobierno colombiano, en especial a nivel territorial, es la falta de seguimiento que se le hacen a estas políticas y la falta de control hacia las entidades públicas encargadas. ¿Hasta qué medida pueden llegar a intervenir las OSC colombianas como organismos de control y vigilancia?
ResponderEliminarEl papel está muy limitado, sin embargo puede llegar a tener una influencia indirecta muy fuerte a través de la movilización social haciendo que otros actores políticos que si tienen una capacidad real de intervenir en las políticas públicas actúen sobre las mismas.
ResponderEliminarEjemplos de estas movilizaciones se pueden observar en temas como la reforma a la ley 30, donde organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) protestaron a nivel nacional exigiendo la reivindicación al derecho fundamental de la educación; o en las protestas que se realizaron en contra de la explotación minera en el páramo de santurbán, y las cuales dejaron en evidencia la unión de organizaciones como la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO), la Sociedad Santandereana de Ingenieros, la Universidad Santo Tomás, la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga y el Comité por la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.
Pero, lo más importante de estos dos ejemplos es que lograron que dichos proyectos fueran retirados del congreso (reforma ley 30) y suspendidos (explotación minera).
Garantías para la vida y la defensa del territorio de comunidades indígenas y afrodecendientes del Norte del Cauca demandan organizaciones de derechos humanos.
ResponderEliminarLos hechos ocurridos el 14 de marzo del año en curso, fueron fuente de información y testimonio para mostrar ante la comunidad internacional lo que sucede en esta parte del país.
Las comunidades expusieron públicamente el riesgo que están corriendo cada uno de los habitantes de esta región por la presencia de la fuerza pública, guerrilla y paramilitares. Como consecuencia, las victimas aumentan cada día y las entidades Gubernamentales y estatales de Colombia y Estados Unidos están siendo presionadas por las organizaciones de la sociedad civil.
Adicionalemente, el gobierno nacional está realizando negociaciones con empresas multinacionales para la ejecución de proyectos en territorio ancestral sin un previo avizo a los indígenas y afrodecendientes.
Por consiguiente, se han realizado unas exigencias tanto para el gobierno Colombiano como Americano.
Para nuestro país se busca la abstención de otorgar licencias a multinacionales para la explotación minera, seguir al pie de la letra los tratados o convenios firmados con el fin de respetar los derechos que tienen estas comunidades.
Por el lado de Estados Unidos, el ideal es implementar condicionamientos de derechos humanos vinculados a la asistencia militar designada para las fuerzas armadas. También, que en la cumbre de las Américas en Cartagena se toquen temas para la protección del territorio y los habitantes. Y no menos importante, llevar un monitoreo de TLC con el fin de evitar vulneraciones a dichas comunidades, para lo contrario una anulación del tratado.
Sin embargo, no son los únicos a quienes se les hace un llamado de atención. La comunidad Internacional debe estar pendiente del cumplimiento de las normas internacionales acerca de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y realizar visitas para un mejor resultado.
Quizas el éxito aun no se puede observar, pero después de la cumbre se podría mirar que tan efectiva fueron los testimonios brindados por las comunidad de Norte del Cauca.
http://www.wola.org/es/informes/protege_las_comunidades_indigenas_y_afrodescendientes_del_norte_del_cauca
Interesante que tomes un tiempo para buscar y ampliar la información con los hechos del orden del día, pero recuerda que la propuesta es lograr conectar los hechos con la teoría vista en clase y aquí estás alejada de la misma. Son los hechos.
ResponderEliminarUn problema que ha surgido a partir del conflicto armado existente en el país y que despierta la opinión y aberración internacional es el secuestro, el cual el Estado, a través de sus fuerzas armadas ha intentado mediar.
ResponderEliminarSin embargo, se ha observado a través del análisis de las estrategias militares, implementadas en el país que interesa más el éxito de los planes y la caída del enemigo, más no las víctimas que pueda dejar a su paso.
El secuestro, no despertaría inquietud alguna o no sería un tema estatal primordial sino estimulara tanto la atención internacional sobre el conflicto interno.
Esto es gracias a la acción del llamado civil, através de organización no gubernamentales como la ejercida por la fundación la nueva esperanza y la Fundación Espíritu de 1991.
Estas han apoyado las múltiples protestas por parte de familiares de secuestrados, que el Estado intentaba ignorar, para no responder sus demandas, ni que interfiriesen en la ejecución de cualquier tipo de estrategias a utilizar para la derrota de grupos armados al margen de la ley.
Es interesante ver que en muchas ocasiones y en diferentes épocas las OSC han sido las exponentes de los abusos en derechos humanos ante el sistema internacional, cuando es función del Estado protegerlos y garantizarlos. No obstante creo que esta protección no solo debe quedar como una iniciativa o voluntad, sino que sea algo real, pues como hemos visto en el seminario, poner al descubierto la violación de derechos humanos de Estado ante la comunidad internacional, no solo deja como evidencia la falta de capacidad de un gobierno para garantizarlos, sino que incentiva a una rendición de cuentas y toma de decisiones que generen un cambio sustancial.
ResponderEliminarEn Colombia se han denunciado las violaciones a los Derechos Humanos, y los diferentes gobiernos de turno han tenido la voluntad de mejorar en estos aspectos, no obstante sus esfuerzos no han sido suficientes para convertir a Colombia en un Estado 100% garante de los Derechos Humanos, a pesar de ser un promotor y defensor de los mismos. Por lo cual en mi concepto creo que no es suficiente ser promotor y defensor de los DDHH, si las Redes se ven obligadas a continuar la denuncia de la violación de los mismos.
Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel muy importante dentro del proceso de evaluación de la situación de derechos humanos en un país, puesto que por medio de la denuncia y la difusión de información, el problema de violación de derechos humanos puede darse a conocer y lograr que más personas o grupos puedan involucrarse y aportar en la solución de alguna manera.
ResponderEliminarPara ilustrar el rol de las OSC en Colombia, en el tema del derecho a la vida, se puede destacar una noticia del 2011 que habla de cómo la Confederación Sindical Internacional (CSI) denunció y condenó los asesinatos de profesores sindicalistas en el país y manifestó que existe una persecución y violencia constante en contra de este grupo. Si bien la protección y el derecho a la vida están establecidas en las leyes, lo que la organización sindical logra con su denuncia es evidenciar la necesidad que tiene el gobierno de crear políticas que efectivamente protejan la vida de todos los colombianos. Además, se genera la divulgación del problema con el fin de fomentar la cooperación de otros países u organización internacionales en Colombia.
Las organizaciones de la sociedad civil han sido esenciales en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos y para el caso de los sindicalistas las organizaciones de la sociedad civil como es el caso de Justice for Colombia, una ONG que trabaja con la problemática sindical y hace lobby en los escenarios europeos, especialmente ante el Reino Unido. Precisamente una de las acciones que emprendieron, en el primer semestre del 2007, fue una protesta frente a la embajada colombiana en Londres. Este ejercicio de presión junto con la circulación de documentos sobre la situación de los sindicalistas en Colombia, posibilitaron la firma del documento EDM 727, a través del cual el parlamento inglés declaró una moción para congelar toda la ayuda militar (El Reino Unido es el segundo donante más grande de ayuda militar a Colombia, después de Estados Unidos) a Colombia hasta que sean acatadas las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
ResponderEliminarAnte el costo que, en vidas humanas tiene el defender a los sindicalistas en Colombia, Justice for Colombia publicó un reporte especial que tituló “The rule of
law? Report of a lawyers delegation to Colombia, 2006” y al hacerlo circular en los escenarios europeos se logró que la Comunidad Europea presionara para que el gobierno colombiano posibilitara la investigación de los asesinatos. Fue así como se asignaron 13 fiscales especializados para adelantar estas investigaciones y se incrementó la asignación presupuestal para el 2007.
( Margarita Marín Aranguren: Sociedad civil global en escenarios locales: las
experiencias de México, El Salvador, Argentina y
Colombia)
Un ejemplo importante en el caso colombiano se refiere al articulo de fuero militar que el gobierno pretendía implantar. En este caso hubo un enfrentamiento de las OSC con el gobierno ante la corte interamericana de derechos humanos por cuanto las Óscar argumentaban que ese articulo representaba un retroceso de mas de 20 años en la lucha contra la impunidad y se desconocería las víctimas y las violaciones de derechos humanos de lS que fueron objeto.
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