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lunes, 22 de abril de 2013

Un derecho entre el diálogo y la violencia



MARGARITA MARÍN
(22 de abril de 2013)

Hace cerca de 20 años anotaba el filósofo Luis Alberto Restrepo[1] que “la mediación de los cambios sociales de contenido democrático es política y no de fuerza”. A pesar del paso del tiempo y tras una década del siglo XXI, hoy algunos recurren a la violencia para coartar los cambios que se exigen desde el  escenario público. Desde la calle.
Me refiero al caso del  matrimonio igualitario para parejas del mismo sexo. Y no es una situación específica de un territorio. Una mirada rápida a las acciones colectivas emprendidas por las comunidades de lesbianas, gay, bisexuales, travestis, intersexual (LGBTI) para detener la segregación por su preferencia sexual,  deja un sabor amargo. Casi que de inmediato se evocan las luchas antiesclavistas en el mundo entero, la historia del voto femenino, la imposibilidad que tuvieron -por mucho tiempo- los católicos para acceder a cargos de elección popular en Estados Unidos, el matrimonio entre judíos y alemanes en los años 30 o los interraciales en Sudáfrica en el apartheid. Ello, para no señalar el vendaje de pies, en China, que tuvo un proceso cultural y político que afectó a la sociedad en ese país asiático.
Ninguno de esos procesos fue fácil. La sociedad debió organizarse para defender sus intereses y defendiéndolo, promovieron el interés de todos. De una manera muy hegeliana, y precisamente por ello muy democráticamente.
En Estados Unidos se permiten bodas entre parejas del mismo sexo en Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Connecticut, Iowa, Washington DC, Nueva York, entre otros. Unas veces fueron batallas en el seno del Congreso, en los tribunales fueron otras, pero también se impidió con el voto directo en estados como California. Podría anotarse que es un logro de la nueva centuria porque no solo se cuenta cerca de la decena de estados en el país de Obama, sino que también existe tal posibilidad en Argentina, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Holanda, Islandia Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Uruguay y algunos estados de Brasil y México.
En Francia como en Colombia, las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado una serie de tácticas informativas, simbólicas y de reponsabilización[2] con las que buscan incidir de manera más efectiva en la toma de decisiones. En París (Francia), a pesar de contar con el aval del presidente Hollande, grupos extremistas como el denominado Interacción de Fuerzas Armadas “augura sufrimiento físico”[3] para los diputados que no retiren el proyecto de ley que posibilita el matrimonio homosexual. Sin duda se denota un sentimiento homófobo y una gran tensión que alcanza visos violentos en las concentraciones que se han tomado las calles.
En Colombia,  la comunidad LGBTI ha alcanzado logros en los estrados judiciales. Lograron el reconocimiento de los derechos pensionales de sobrevivencia a las parejas del mismo sexo. También, que se les reconociera, que con sus parejas pueden constituirse en familia. Así las cosas, se eliminan barreras discriminatorias, pero aún persiste el interés de algunos sectores para impedir el matrimonio igualitario. Solicitan que se busque otro tipo de figuras. Un adalid de esta posición es el Procurador Alejandro Ordóñez quien hace una interpretación diferente del fallo de la Corte Constitucional y de la misma Carta Política de Colombia de 1991. Tras esta posición está la carga moral que identifica al grupo religioso al que él pertenece, pero también los cristianos que políticamente se congregan en el MIRA. Algunos partidos políticos buscan maneras de hundir la iniciativa que debió entrar en la agenda legislativa gracias al fallo de la Corte Constitucional que los exhortó a normar al respecto[4]. Aun así muchos intentan artilugios para seguir discriminándolos. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil determinaron un Comité de Impulso por el Matrimonio Igualitario y con las ONG como Colombia Diversa han desarrollado estrategias de movilización que incluyen performance (ceremonias simbólicas) en sitios de protesta, plantones, comunicados y mucho lobby en el Congreso de la República.
En concreto, en uno y otro país, se ha pasado de la protesta a mejorar la información sobre la comunidad LGTBI y sus posibilidades, las movilizaciones que ayudan a poner el tema en la opinión pública al ser tratados como noticias en los medios de comunicación, se han judicializado procesos y ahora se recurre al legislativo para que se legisle y así se evite la discriminación. Por ahora, la decisión en el Congreso está pendiente, pero los altos tribunales han señalado que no se les puede seguir discriminando. Luego, con norma o sin ella, ante el Estado (notarios) ellos estarán protegidos y se les tratará como a las parejas heterosexuales.
Ha sido un proceso largo para su reconocimiento, pero lo más importante es que han sabido seguir el protocolo y con ley o sin ella logran un fallo a su favor, mitigando escenas de violencia. Con ello se demuestra que el camino político es una opción en democracia, pero que los focos de violencia siempre estarán al acecho.   
          
  


[1] Ampliar en “Relación entre la sociedad civil y el Estado”, en Análisis Político, No. 9, Ene/Abr 1990. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
[2] Siguiendo a Keck y Sikkink. Ampliar en Activistas sin Frontera.
[3] Ampliar en El Espectador, 22 de abril de 2013.
[4] El Congreso tiene plazo para legislar sobre matrimonio igualitario hasta el 20 de junio de 2013, por fallo de la Corte Constitucional. Eran dos años que están a punto de cumplirse y no se llega a un acuerdo sobre la norma.