Margarita
Marín
(24
/09/2012)
Las
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos han logrado permear
escenarios inimaginados. Muchas de sus redes están incidiendo en el Congreso
estadounidense, en la Unión Europea (Parlamento Europea, entre otros), para no
referirnos a lo que sucede en la Organización de Naciones Unidas donde, desde
su fundación, han sido reconocidas (art 71 de la Carta) y, donde se cuenta con
un organismo especializado para promover y proteger los derechos humanos en el
mundo: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACDH)[1],
precisamente sugerida por las ONG.
En
el caso de la Unión Europea (UE), puede anotarse que no solo se ha creado una Agencia
de los Derechos Fundamentales sino que destina presupuesto para ello (una cuarta
parte del presupuesto del Programa para el Empleo y la Solidaridad Social, lo
destina en la lucha contra la discriminación[2]). Labor que realiza a
través de los Estado miembros pero también con las organizaciones de la
sociedad civil. De hecho, todos los acuerdos comerciales o de cooperación con
países no pertenecientes a la UE contienen una cláusula que estipula que los
derechos humanos son un elemento esencial. Básicamente, está en el eje de su
política exterior común.
Paul
Kennedy, en 2007, anotaba que la sociedad civil global es crucial tanto en
el presente como en el futuro, y lo son más precisamente las Organizaciones
Internacionales No Gubernamentales (OING) de derechos humanos que se comportan
con carácter en el sistema internacional. No obstante, Pizarro (Marín, 2009, 73)
considera que “las ONG –especialmente las vinculadas al campo de derechos
humanos– están perdiendo credibilidad de manera acelerada”. Lo que no hay que
perder de vista es que ellas han tenido gran incidencia en la triple revolución
en los derechos humanos. Es decir, la legal, de aplicación y el activismo[3].
Si
bien son reconocidas por los reportes de prensa, radio o televisión, pues
recurren a repertorios simbólicos que llaman la atención de los medios masivos
y, son los Estados los únicos que firman tratados; ellas los exhortan para que se desarrolle legislación internacional al respecto, como sucedió con
la coalición que trabajó para darle vida a la Corte Penal Internacional o
Tribunal Internacional de Justicia. Otro ejemplo de ello es el Tratado de
Ottawa, para la eliminación de las minas anti-persona, uno de los problemas que
se vive en el territorio colombiano.
Más
que ONG y coaliciones, muchas fundaciones e iglesias están involucradas con el
trabajo en pro de los derechos humanos. Por ejemplo, “la fundación de Estados
Unidos más importante para los asuntos de los derechos humanos en Latinoamérica
es la Fundación Ford” (Keck y Sikkink, 2000, 142). Quizá los lectores pensaron
en Amnistía Internacional, en Human Rights Watch[4] o en la Oficina en Washington
para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)[5]. Al volver la mirada
atrás, simplemente se comprueba cómo la Fundación Ford ayudó a reubicar a
muchos de los académicos latinoamericanos despedidos con ocasión del imperio de
las dictaduras en la región, en algunos casos los apoyaron para que
establecieran centros de investigación o para que siguieran estudios de
posgrado. Los casos en Chile, Brasil y Argentina son ejemplos, a pesar de ser el
mismo gobierno de Estados Unidos uno de los más grandes apoyos de los gobiernos
dictatoriales del sur.
En
el caso colombiano, donde se vive una crisis humanitaria que vulnera los
derechos humanos de millones de colombianos, varias organizaciones de la
sociedad civil hacen tejido para denunciar la situación y proponer alternativas.
Ellas se organizan en plataformas como la Alianza de Organizaciones Sociales y
Afines (la Alianza)[6];
la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz[7]; la Plataforma Colombiana
de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo[8]; la Coordinación Colombia,
Europa, Estados Unidos (CCEEU)[9]. Estas plataformas
nacionales entran en interacción con organizaciones en otros lugares del mundo y
conjuntamente logran el efecto bumerang que hace que sean organismos
intergubernamentales los que presionen al Estado para proveer un entorno
habilitante y una protección que evite la trasgresión que con el conflicto
armado proviene tanto del Estado como de actores al margen de la ley. Así las cosas, los derechos humanos son un asunto propio de la sociedad civil que ha sido activa desde cada uno de sus componentes.
Bibliografía
Keck,
Margaret y Sikkink, Kathryn, 2000, Activistas
sin fronteras, México, Siglo veintiuno editores.
Marín,
Erli Margarita, 2009. “OING y derechos humanos en Colombia. Un golpe ineludible
y vigoroso de la sociedad civil”, en Colombia
Internacional, No. 69, enero-junio, Bogotá, Universidad de Los Andes, pp. 70-
85.
Orozco,
Iván, 2005. “Hacedores de paz y defensores de derechos humanos (una disputa de
familia), en Ardila Martha et ál., Colombia
y su política exterior en el siglo XXI, Bogotá, Fescol, pp. 215-270.
[1]
Creada en 1993.
[2]
Ampliar información en http://europa.eu/pol/rights/index_es.htm.
[3]
Ampliar en Orozco, 2005.
[4] “Human
Rights Watch lleva 30 años trabajando tenazmente por sentar las bases jurídicas
y morales para un cambio profundamente arraigado, y luchando para que las
personas de todo el mundo disfruten de mayor justicia y seguridad”. Ampliar en http://www.hrw.org/es/about.
[5] WOLA
promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del
trabajo conjunto con sus contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para
influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior. Es un recurso
clave para organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe,
trabajando en la construcción de coaliciones, en investigación, en campañas de
incidencia política y en la participación en debates sobre políticas públicas
que están relacionadas.
[6]
Son 125 organizaciones.
[7] Es
un proceso pedagógico.
[8]
Son 100 organizaciones.
[9]
Son 221 organizaciones.