Por: Laura Andrea Dimaté Gómez
El convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, firmado en 1992,
significó un cambio de paradigma en cuanto a la conservación de los ecosistemas
y las especies naturales. Mediante el
convenio, la diversidad biológica y
la materia viva, pasaron a
ser herramientas del comercio internacional en el marco del sistema económico mundial. El cambio, significó que las grandes
multinacionales pudieran patentar estos recursos naturales, soberanos del
territorio de donde se encuentran.
Colombia ratificó el CDB, de esta manera “Adquirió el compromiso de: realizar el
estudio nacional de biodiversidad, la estrategia Nacional de biodiversidad y
desarrollar la normativa que garantice la adecuada ejecución del convenio en el
país”[1]. Este nuevo enfoque significó, la vinculación
y la cooperación de diferentes sectores de
la sociedad civil colombiana defensoras
interesadas en los recursos de
biodiversidad, que se encuentran
en todas las regiones del país.
La década de los
noventa significó grandes cambios para Colombia
tanto institucionales, administrativos, políticos como en materia
ambiental. De esta manera se dio paso a la creación del Ministerio del Medio
Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental (SINA); se permitió la reivindicación
de diferentes grupos de la sociedad civil, como fueron los grupos étnicos, las
poblaciones indígenas, comunidades negras, en cuanto al desarrollo
sostenible de la naturaleza, como un
deber y un derecho colectivo. Adicionalmente se garantizó la participación ciudadana a través de herramientas como la
acción popular, la acción colectiva para proteger derechos fundamentales y
dentro de estos el medio ambiente.
Los principales temas que se empezaron a desarrollar asociados a los problemas de biodiversidad y
los problemas que se venían dando dentro
de los territorios, constituyeron un acercamiento por parte del gobierno con
las organizaciones indígenas,
organizaciones de comunidades negras y ambientalistas. “los principales reivindicaciones de las
organizaciones indígenas han girado alrededor del reconocimiento de sus
derechos sobre propiedad colectiva sobre el territorio”[2],
para las organizaciones indígenas es
fundamental la garantía sobre la protección de sus tierras , de sus recursos
naturales con los cuales tienen una
conexión espiritual muy alta , para los pueblos indígenas la pachamama (madre
tierra) se encuentra en toda la naturaleza
en todo el territorio, lo que significa que el gobierno debe garantizar la
protección del mismo y además respetar sus creencias culturales.
Los grupos
ambientalistas han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de
las reivindicaciones del gobierno con la
sociedad civil, ya que han complementado los diferentes conceptos en cuanto a
la diversidad biológica y al
sostenimiento de diferentes recursos naturales, adicionalmente han hecho
visible con su esfuerzo y tesón la constitución política que contempla mas
artículos en materia medio ambiental en América Latina tanto así que es
conocida como la constitución verde.
Por lo tanto las organizaciones ambientalistas han buscado fortalecer los contactos con entidades no
gubernamentales y diferentes grupos de la sociedad civil como ECOFONDO que fue creada en 1993 en conjunto con diferentes organizaciones ,“El objetivo
era conformar una organización que se encargara de apoyar las iniciativas
ambientales de la sociedad civil, en el espíritu de la Conferencia de Río de
Janeiro (1992) y de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), que
reconoció el derecho al ambiente sano y la diversidad ecológica y cultural del
territorio”[3].
Ecofondo se creó como un proyecto y una propuesta ambientalista de la sociedad
civil para hacerle frente a los problemas ambientales, con el fin de crear una
alternativa de producción agrícola de las organizaciones indígenas y campesinas
para fortalecer la seguridad alimentaria, un uso sostenible de los recursos
en busca de mejorar los niveles de calidad de vida. Además
se pretende la participación de las organizaciones sociales en diferentes
contextos tanto ambientales como culturales. El trabajo se ha centrado en la
conservación de la biodiversidad, la
diversidad como patrimonio nacional, la
preponderancia de un estado social de derecho y la protección del conocimiento
de las etnias. Es importante resaltar la coherencia que debe existir entre el
conocimiento tradicional y la regulación armónica de esta materia por encima de
cualquier interés económico ya sea de capitales colombianos o de las empresas
multinacionales.
Bibliografía
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de opciones para la defensa de la diversidad biológica y cultural en el
escenario internacional: Biodiversidad una nueva lógica para la Naturaleza”, en
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Recuperado : 29 de marzo de 2014
[1] Diana Pombo. 1999. “Colombia en busca de opciones para la
defensa de la diversidad biológica y cultural en el escenario internacional:
Biodiversidad una nueva lógica para la Naturaleza”, en Diversidad Biológica
y Cultural. Retos y Propuestas Desde América Latina. Bogotá: ILSA,
Instituto de gestión Ambiental, Grupo Semillas, Fondo Mundial
para la Naturaleza, pp.64.
[2]
Ibid., p.67
[3]
ECOFONDO, “Historia”, (En línea) disponible en:
disponible en: http://www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/031230patentes.htm. Recuperado: 29 de
Marzo de 2014. Recuperado: 4 de Abril de
2014.