La corrupción se pinta de lobby
Las
desiciones de los gobernantes siempre han estado influidas por personas
allegadas al poder o por intermediarios que argumentan a favor o en contra de
dichas desiciones. Es por eso que el lobby
es considerado como el proceso de comunicación entre las empresas y los
legisladores para influir, directa o indirectamente, en la creación de normas
y/o proyectos legislativos. Sin embargo, el lobby
puede ser indentificado como tráfico de influencias y corrupción el interés particular
general prevalece sobre el particular.
En
Estados Unidos, las primeras actividades de lobby
(en Colombia se conoce como cabildeo) estuvieron vinculadas a la crónica del
escándalo y la corrupción, “las presiones que ejercían sobre el poder
político fueron consideradas como
peligrosas para los intereses de la democracia, porque los métodos que solían
emplear iban desde la persuasión hasta la intimidación y el chantaje” (lobbying. Enciclopedia de la Politica.
Rodrigo Borja). Básicamente, se plantearon dos posibilidades para hacerle
frente: suprimirlos autoritariamente o legalizarlos. Siendo la primera muy
difícil de efectuar porque ya hacían parte del sistema norteamericano, se reconoció legalmente la existencia de
corporaciones dedicadas al Lobby y se
controlaron legalmente con la Regulation
of Lobbying Act, de 1946.
En
el caso colombiano, “la carta magna prohíbe expresamente a los congresistas
abogar por intereses particulares, representando a empresas entidades y no puede ser investido de la
categoría de legislador si ha sido gestor en los seis meses anteriores a su
elección” (Humberto López López. El lobby
en Colombia. Como obtener decisiones legitimas con el gobierno. Academia Colombiana
de Relaciones Públicas. Editorial Marin Vieco Ltda. Julio de 2005). Sin
embargo, “un lobbista, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, comenta
que la labor de convencimiento tiene muchos ceros a la derecha a favor de quien
logra sacar adelante o hundir un proyecto durante su trámite legislativo” (Declaraciones al diario El País de la
ciudad de Cali – octubre 10 de 2010). Esto lleva a
preguntarse si ¿Será necesaria la regulación normativa para la actividad de los
lobistas, en aras en
posibilitar la participación en la toma de decisiones? Aquí se quiere señalar
que no es preciso. En realidad, la eficacia de la ley no está garantizada, ni
es una protección contra las prácticas corruptas. Siempre queda la posibilidad
de que buena parte de los acuerdos que se adelantan para sacar adelante un
proyecto legislativo queden en la penumbra, pero por eso debe trabajarse en el accountability social y en la ampliación
de los mecanismos democráticos de manera transparente y con rendición de
cuentas posibiliten a la sociedad civil hacer seguimiento a la norma, pero
también hacer veeduría.
En Colombia, se han
presentado algunos proyectos de ley de iniciativa legislativa, pero los avances
aún son muy limitados. En realidad, hay sectores de la sociedad civil que cuestionan
el desarrollo e implementación de normas en ese sentido, alegando que ello podría
tener un costo enorme en la participación ciudadana. Dicen, por ejemplo, que las organizaciones de la sociedad civil
verían limitada su capacidad para influir en la toma de decisiones. Sin duda,
los grupos de interés con mayor poder social, económico y político serían
privilegiados. Es por eso, que
“destacados congresistas consideran que reglamentar el lobby cercena el derecho ciudadano y
establece una ventaja injusta entre quien no tiene con qué pagar un gestor y
los grupos poderosos con recursos económicos, políticos e institucionales” (Humberto López
López. El lobby en Colombia. Como obtener decisiones legitimas con el gobierno.
Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Editorial Marin Vieco Ltda., julio
de 2005).
A pesa de lo anterior,
en el año 2011, “la Directiva de la Cámara de Representantes prohibió mediante
resolución el ingreso y participación de lobbistas en las plenarias y ordenó
que (…) la participación de ellos debe
anotarse en un registro público” (Prohíben
ingreso de lobbistas a plenarias de la Cámara. Caracol Radio. 2 de agosto de
2011). Esto apunta a hacer del lobbying una práctica menos secreta,
pues organiza la intervención de los diferentes actores, y en cierta medida le
da legitimidad. Además, a futuro, puede evitar prácticas indiscriminadas, de
quienes no conciben una serie de principios éticos
que utópicamente deberían ser tenidos en cuenta; por ejemplo: que no debe
existir algún ningún tipo de remuneración o recompensa para el legislador.
Con el
debate abierto, cabe preguntarse ¿En qué momento el lobby deja
de ser una práctica considerada como legal? Ustedes tienen la palabra.
Erika
Marcucci