La corrupción se pinta de lobby

Las desiciones de los gobernantes siempre han estado influidas por personas allegadas al poder o por intermediarios que argumentan a favor o en contra de dichas desiciones. Es por eso que el lobby es considerado como el proceso de comunicación entre las empresas y los legisladores para influir, directa o indirectamente, en la creación de normas y/o proyectos legislativos. Sin embargo, el lobby puede ser indentificado como tráfico de influencias y corrupción el interés particular general prevalece sobre el particular.

En Estados Unidos, las primeras actividades de lobby (en Colombia se conoce como cabildeo) estuvieron vinculadas a la crónica del escándalo y la corrupción, “las presiones que ejercían sobre el poder político  fueron consideradas como peligrosas para los intereses de la democracia, porque los métodos que solían emplear iban desde la persuasión hasta la intimidación y el chantaje” (lobbying. Enciclopedia de la Politica. Rodrigo Borja). Básicamente, se plantearon dos posibilidades para hacerle frente: suprimirlos autoritariamente o legalizarlos. Siendo la primera muy difícil de efectuar porque ya hacían parte del sistema norteamericano,  se reconoció legalmente la existencia de corporaciones dedicadas al Lobby y se controlaron legalmente con la Regulation of Lobbying Act, de 1946.

En el caso colombiano, “la carta magna prohíbe expresamente a los congresistas abogar por intereses particulares, representando a empresas  entidades y no puede ser investido de la categoría de legislador si ha sido gestor en los seis meses anteriores a su elección” (Humberto López López. El lobby en Colombia. Como obtener decisiones legitimas con el gobierno. Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Editorial Marin Vieco Ltda. Julio de 2005). Sin embargo, “un lobbista, cuyo nombre prefiere mantener en el anonimato, comenta que la labor de convencimiento tiene muchos ceros a la derecha a favor de quien logra sacar adelante o hundir un proyecto durante su trámite legislativo” (Declaraciones al diario El País de la ciudad de Cali – octubre 10 de 2010). Esto lleva a preguntarse si ¿Será necesaria la regulación normativa para la actividad de los lobistas, en aras en posibilitar la participación en la toma de decisiones? Aquí se quiere señalar que no es preciso. En realidad, la eficacia de la ley no está garantizada, ni es una protección contra las prácticas corruptas. Siempre queda la posibilidad de que buena parte de los acuerdos que se adelantan para sacar adelante un proyecto legislativo queden en la penumbra, pero por eso debe trabajarse en el accountability social y en la ampliación de los mecanismos democráticos de manera transparente y con rendición de cuentas posibiliten a la sociedad civil hacer seguimiento a la norma, pero también hacer veeduría.

En Colombia, se han presentado algunos proyectos de ley de iniciativa legislativa, pero los avances aún son muy limitados. En realidad, hay sectores de la sociedad civil que cuestionan el desarrollo e implementación de normas en ese sentido, alegando que ello podría tener un costo enorme en la participación ciudadana. Dicen, por ejemplo,  que las organizaciones de la sociedad civil verían limitada su capacidad para influir en la toma de decisiones. Sin duda, los grupos de interés con mayor poder social, económico y político serían privilegiados. Es por eso, que  “destacados congresistas consideran que reglamentar el lobby cercena el derecho ciudadano y establece una ventaja injusta entre quien no tiene con qué pagar un gestor y los grupos poderosos con recursos económicos, políticos e institucionales” (Humberto López López. El lobby en Colombia. Como obtener decisiones legitimas con el gobierno. Academia Colombiana de Relaciones Públicas. Editorial Marin Vieco Ltda., julio de 2005).

A pesa de lo anterior, en el año 2011, “la Directiva de la Cámara de Representantes prohibió mediante resolución el ingreso y participación de lobbistas en las plenarias y ordenó que (…)  la participación de ellos debe anotarse en un registro público” (Prohíben ingreso de lobbistas a plenarias de la Cámara. Caracol Radio. 2 de agosto  de 2011). Esto apunta a hacer del lobbying una práctica menos secreta, pues organiza la intervención de los diferentes actores, y en cierta medida le da legitimidad. Además, a futuro, puede evitar prácticas indiscriminadas, de quienes no conciben una serie de principios éticos que utópicamente deberían ser tenidos en cuenta; por ejemplo: que no debe existir algún ningún tipo de remuneración o recompensa  para el legislador.

Con el debate abierto, cabe preguntarse ¿En qué momento el lobby deja de ser una práctica considerada como legal? Ustedes tienen la palabra.

Erika Marcucci