Margarita Marín
(17 de Octubre de 2012)
Ahora cuando nos aprestamos a la segunda fase (la de Oslo, octubre de
2012) del proceso de negociación entre el Gobierno Nacional con las Farc-Ep,
luego de seis meses de diálogos secretos, en La Habana (Cuba), algunos se
preguntan por la participación de las organizaciones de la sociedad civil en un
proceso que funcione o nó tendrá consecuencias para la sociedad actual y futura
de Colombia. Otros, por el contrario, se aterran que se haga la pregunta. Como
quiera que sea, lo que se evidencia es la polarización que vivemos los
colombianos.
Lo concreto hasta ahora es que las partes llegaron a un "Acuerdo
general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable
y duradera"[1]. También, que el Gobierno Nacional ha invitado al Ejército
de Liberación Nacional a sumarse al proceso. Ya todos sabemos que las partes
han conformado sus equipos negociadores y que ya están en Noruega para dar
inicio a la mesa de diálogo. También es conocido que la negociación se
realizará con el objetivo de llegar a un acuerdo final del conflicto, sin cese
al fuego y que las discusiones de la mesa no se harán públicas.
Si se mira en detalle, como lo han hecho algunas investigadoras, en los
procesos de desmovilización de la última década del siglo pasado (años
noventa), las mujeres han estado ausentes. “Ni su voz ni ellas mismas” anotan
cuando revelan que: del total de firmantes (280) en aquellos procesos, solo 15
han sido mujeres (una guerrillera ha sido signataria en los acuerdos que se han
firmado con seis grupos guerrilleros)[2]. Lo curioso es que directa
e indirectamente las mujeres han estado en el conflicto, y si van a la guerra,
la carga es mayor y es negativa porque -como madres- “han abandonado a sus
hijos”. Los hombres, por el contrario, estén en el bando que estén, siempre
serán héroes.
Esa perspectiva (la de género) abre paso para considerar a diversas
organizaciones (las de afrocolombianos, campesinas, de derechos humanos, entre
otras) y entonces se obliga la reflexión sobre si son todos lo que están y
están todos los que son. Bueno, al retroceder un poco en la historia se
encuentra que en “en la década de 1970 la acción colectiva en busca de la paz
representaba el 1,6% del total de luchas cívicas, pasó a 19% durante el
gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), aunque descendió a 15,8% durante la
administración Gaviria (1990-1994)” (Romero, 2002, 360). En la década del
ochenta, la Compañía de Jesús fue uno de los grupos que desarrolló más
actividad para crear las condiciones necesarias para la paz. Hubo movimientos
por la vida, en donde los “locos por la vida” expresaron lúdicamente ese deseo
de toda la sociedad. Se oyeron todas las voces, incluso la de los niños. Más
adelante, en la década del noventa, se acogieron diversas iniciativas y se
consolidaron algunos “territorios de paz”. Las diferentes acciones de parte de
los actores armados, conllevaron a que se dictara un “Mandato ciudadano por la
paz, la vida y la libertad”, demostrando cuan vinculada se encontraba toda la
población en la discusión. De hecho, el proceso de El Caguan, adelantado en la
administración de Andrés Pastrana Arango, ha sido de los más participativos.
Más recientemente, las marchas del 4 de febrero (un millón de voces
contra las Farc) y la del 6 de marzo de 2008 (homenaje a las víctimas del
conflicto armado en Colombia) marcaron un hito: “No más”, acabar con la guerra.
No obstante, el camino fue el opuesto, al punto de desconocer el conflicto y
tomar la opción de armarse. El conflicto no cesó, pero las guerrillas sí
lograron debilitarse al punto que desde la misma administración Uribe Vélez (en
su segundo mandato) se hicieron amagues para los acercamientos. Hoy, con el presidente
Juan Manuel Santos, estamos ad portas de un proceso de negociación.
Que no está la sociedad civil, dirán algunos. Bueno, hay una parte. En
el equipo negociador del Gobierno Nacional está Luis Carlos Villegas,
presidente de la Andi y del Consejo Gremial. Dos organizaciones que si bien son
del sector privado, también son entidades sin ánimo de lucro. Por ende, son
sociedad civil. Y sí, la polarización aparece en este punto. De un lado,
algunos preferirán decir que no es sociedad civil, pero en stricto sensu lo son. Para quienes lo duden, se recomienda volver
al concepto en Naidoo y Tandom[3]. De todas maneras, dirán
otros más, ellos no representan a todas las organizaciones. Y es verdad. Nadie
representa a la sociedad civil. Es un error pensarla en términos de
representatividad. Del otro lado, estarán quienes opinan que el Gobierno
Nacional está en su derecho de nombrar a quienes él considera que lo
representen. Así lo ha hecho. La decisión está tomada. Las organizaciones
sociales están divididas. Unas que piden un lugar y otras que comprenden la
situación.
Aun así, los reclamos de algunos sectores de la sociedad civil hicieron
mella en el Estado porque se convocó el Consejo Nacional de Paz[4]. Aun sin asiento en la
mesa de negociaciones, es un avance porque es la voz civil en el proceso. El
Senado, desde la Comisión Primera ya trabaja en algunas mesas, y hay sectores
de la sociedad civil que se identifican con algunas y le apuestan al debate. El
asesor del Diálogo Social (Luis Eduardo Garzón) tiene una tarea que por ahora
adelanta con muy bajo perfil.
Algunas organizaciones sociales consideran que derechos humanos y tema
de género son centrales, otras le apuestan a fortalecer capacidades, el empleo
y el agro. Quizá pensando más en el futuro inmediato, cuando se acabe el
conflicto. No faltan las que estén pensando en alternativas para la
verificación del cese al fuego. Hay iniciativas de control político, y por eso
se han desarrollado páginas web para hacerle seguimiento al proceso que
comienza en Oslo, pero también a las mesas que se coordinan desde la Comisión Primera
del Senado. Una alternativa se accountability social (en términos de Peruzzotti)
o de responsabilización (siguiendo a Keck y Sikkink). Quierase o no, la sociedad civil logró que el tema entrara en la agenda. Ahí, ya hay una ganancia. Otra más se anota con el diálogo.
Ahora bien, como las organizaciones de la sociedad civil suelen trabajar
en red, hay organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) que,
en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, hablan ya
de la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia. Sin
duda, la paz para Colombia no es un asunto solo de dos. Muchos más están
involucrados y el juego ya ha arrancado.
Referencias
Keane, John.2008. La sociedad civil global y el gobierno del
mundo, 1ra ed. En castellano, Barcelona, Hacer editorial.
Romero Mauricio.
2002. “Sociedad civil, cooperación y movilización por la paz en Colombia”, en
Panfichi, Aldo (coord.) Sociedad civil, esfera pública y democratización en
América Latina: Andes y Cono Sur, México, Fondo de Cultura Económica, pp.
359-380.
Rubio, Mauricio.
2012. “Sin mujeres en la mesa de negociación”, El Espectador, 19 de
septiembre.
[1] Contiene
seis puntos centrales: El primero se denomina ‘Política de desarrollo agrario
integral’, el cual será el tema fundamental del acuerdo, el segundo tema es la
‘participación política’, el tercer punto ‘Fin del conflicto’. El cuarto tema a
tratar se relaciona con el narcotráfico en el país y se denomina ‘Solución al
conflicto de drogas ilícitas’, el quinto punto es ‘Víctimas y Reparación’ y el
último tema a tratar para llegar a un acuerdo por la paz es la ‘Implementación,
Verificación, Refrendación’.
[2] Ampliar
en la columna de Mauricio Rubio, en El Espectador.
[3] “Es
la red de asociaciones autónomas que los ciudadanos portadores de derechos y
cargados de responsabilidades crean voluntariamente para ocuparse de problemas
compartidos, presentar sus intereses comunes y promover sus aspiraciones
colectivas” (Keane, 2008, 61).
[4]
Creado por la Ley 434 de 1998.