Margarita Marín
(Publicado
17-09-2012)
Varias organizaciones de
mujeres[1] han adelantado acciones
colectivas de manera poco convencional. Aun así, han hecho lo que saben hacer.
Reportes de situaciones, como la recopilación de 300 historias de mujeres que
no recibieron atención cuando solicitaron el servicio médico, luego de haber
sido violadas. Han compilado las diferentes comunicaciones que circularon desde
la Procuraduría General de la Nación entre noviembre de 2009 y marzo de 2011.
Informaron sobre las dificultades para la aplicación de la sentencia C355 de
2006 y las dificultades para el uso de técnicas adecuadas para llevar a cabo
los procedimientos médicos. Desarrollar alianzas con redes transnacionales (como
Flasog[2]) hasta con centros
académicos como la adelantada con la Universidad de Antioquia, para desarrollar
investigaciones científico-académicas relacionadas con el aborto. Y claro,
volver a acudir a las cortes.
En ninguno de los casos
anteriores han estado en contra del Estado, como suele pensarse que siempre
hacen las organizaciones no gubernamentales. En cada situación simplemente han buscado
que todos cumplan la ley. Bien, la corte constitucional colombiana, en 2006,
despenalizó el aborto entre casos específicos (cuando el embarazo es producto
de una violación, por malformación del feto y cuando exista riesgo para la
madre), pero las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de
género han denunciado que no solo hay dificultades para que la ley se cumpla
sino que también, desde algunas instancias estatales se desinforma al respecto
e incluso se llega a intimidar a los funcionarios con instrucciones que los
hace temer de verse involucrados en procesos disciplinarios.
Por todo ello, varias
mujeres de manera individual o en representación de organizaciones (como desde
Women´s link worldwide) desde las cuales trabajan en temas de género,
presentaron una tutela para que, desde la Procuraduría General de la Nación, se
ofrezca una información confiable y veraz sobre los derechos reproductivos. Es
una batalla en la corte y una guerra política.
En realidad, se trata de repertorios
múltiples de acciones políticas[3] desde los cuales se busca
una incidencia en las decisiones que les afectan en el marco de la relación público-privado.
Efectivamente, una decisión individual como puede ser el recurrir al aborto,
que es del ámbito privado, pasa por lo público, porque existe una legislación
nacional que lo posibilita en tres casos y lo limita o prohíbe en el resto. Aun
así, hay algunas posibilidades médicas que siendo legales tienden a imponerse
por las convicciones personales de algunos funcionarios que tienden a manipular
la información como fue el caso de las procuradoras delegadas en la infancia y
la adolescencia, que en diferentes comunicaciones de la entidad han rechazado
la píldora del día después, presentando a la Comisión de Regulación en Salud
(CRS) un concepto para no incluir en el POS el misotropol, además han sostenido
que documentos oficiales que el aborto en Colombia no es un derecho e intenta
que la objeción de conciencia sea generalizada en centros médicos y hospitales,
consiguiendo con esto que las mujeres que optan esta decisión, no cuenten con
un lugar donde puedan obtener el servicio que requieren.
No faltará el individuo que,
por opiniones personales, considere que estas organizaciones de mujeres, que
primero apoyaron el aborto y ahora ganan la tutela que posibilita que la corte le
exija a la Procuraduría la rectificación de la información relativa a los
derechos reproductivos de las mujeres, no representan a todas las mujeres
colombianas. Sin duda, ello es verdad. Estas organizaciones de la sociedad
civil simplemente promueven un valor democrático: la libertad que tienen las
mujeres a decidir sobre su cuerpo. Dicho de otra manera, su derecho a
interrumpir un embarazo no deseado (en cualquiera de los tres casos que es
legal).
Así las cosas, en las
instancias judiciales se ganan las batallas que se libran de manera pacífica en
medio de una guerra política que se gana cuando hay posibilidades de
participación política, en los términos de Pasquino. Es decir, de “la capacidad
de las organizaciones para infundir solidaridad y crear identidades en sectores
sociales que participan de experiencias socioeconómicas y culturales similares”.
(Revilla, 2002, 43). Precisamente el seguimiento que se ha hecho a los
diferentes casos donde las mujeres no han logrado ser atendidas, los informes y
publicaciones que han circulado sobre los impactos de acudir a procedimientos irregulares
para interrumpir el embarazo, y las confrontaciones institucionales y políticas
ocasionadas por la desinformación al respecto, generan solidaridades locales e
internacionales que se traducen en cruce de redes transnacionales de defensa,
donde la fortaleza de las bases es la que posibilita el éxito de las acciones
que logran el efecto bumerang que ya se evidencia en el caso de la
procuraduría. Un buen momento de la sentencia, justo cuando hay otro proceso
político en juego, como es la posible relección de Procurador General. La norma
lo obliga a rectificar, y él también debe acatarla.
Bibliografía
Revilla Marisa, 2002. Zona
peatonal. “Las ONG como mecanismo e participación política”, en Las ONG y la política, Istmo, España.
[1]
ONG Mesa para la vida es “un colectivo de organizaciones y personas que desde
su conocimiento y experiencia trabaja por los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres, en particular los relacionados con la libre opción a la
maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del
aborto” Ampliar en http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/-Que-es-la-Mesa-por-la-Vida-y-la-
[2] Es
la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.
[3]
Este se refiere a la variedad de acciones ciudadanas a través de las cuales los
individuos transmiten sus demandas e intereses y tratan de influir en el
sistema político. Ampliar en
S. Barnes y M. Kaase et al., POlitical Acction: Mass Participationin five
Western Democracies, Beverly Hill, Sage, 1979.
