Por: Laura Andrea Dimaté Gómez
El convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, firmado en 1992,
significó un cambio de paradigma en cuanto a la conservación de los ecosistemas
y las especies naturales. Mediante el
convenio, la diversidad biológica y
la materia viva, pasaron a
ser herramientas del comercio internacional en el marco del sistema económico mundial. El cambio, significó que las grandes
multinacionales pudieran patentar estos recursos naturales, soberanos del
territorio de donde se encuentran.
Colombia ratificó el CDB, de esta manera “Adquirió el compromiso de: realizar el
estudio nacional de biodiversidad, la estrategia Nacional de biodiversidad y
desarrollar la normativa que garantice la adecuada ejecución del convenio en el
país”[1]. Este nuevo enfoque significó, la vinculación
y la cooperación de diferentes sectores de
la sociedad civil colombiana defensoras
interesadas en los recursos de
biodiversidad, que se encuentran
en todas las regiones del país.
La década de los
noventa significó grandes cambios para Colombia
tanto institucionales, administrativos, políticos como en materia
ambiental. De esta manera se dio paso a la creación del Ministerio del Medio
Ambiente y al Sistema Nacional Ambiental (SINA); se permitió la reivindicación
de diferentes grupos de la sociedad civil, como fueron los grupos étnicos, las
poblaciones indígenas, comunidades negras, en cuanto al desarrollo
sostenible de la naturaleza, como un
deber y un derecho colectivo. Adicionalmente se garantizó la participación ciudadana a través de herramientas como la
acción popular, la acción colectiva para proteger derechos fundamentales y
dentro de estos el medio ambiente.
Los principales temas que se empezaron a desarrollar asociados a los problemas de biodiversidad y
los problemas que se venían dando dentro
de los territorios, constituyeron un acercamiento por parte del gobierno con
las organizaciones indígenas,
organizaciones de comunidades negras y ambientalistas. “los principales reivindicaciones de las
organizaciones indígenas han girado alrededor del reconocimiento de sus
derechos sobre propiedad colectiva sobre el territorio”[2],
para las organizaciones indígenas es
fundamental la garantía sobre la protección de sus tierras , de sus recursos
naturales con los cuales tienen una
conexión espiritual muy alta , para los pueblos indígenas la pachamama (madre
tierra) se encuentra en toda la naturaleza
en todo el territorio, lo que significa que el gobierno debe garantizar la
protección del mismo y además respetar sus creencias culturales.
Los grupos
ambientalistas han desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de
las reivindicaciones del gobierno con la
sociedad civil, ya que han complementado los diferentes conceptos en cuanto a
la diversidad biológica y al
sostenimiento de diferentes recursos naturales, adicionalmente han hecho
visible con su esfuerzo y tesón la constitución política que contempla mas
artículos en materia medio ambiental en América Latina tanto así que es
conocida como la constitución verde.
Por lo tanto las organizaciones ambientalistas han buscado fortalecer los contactos con entidades no
gubernamentales y diferentes grupos de la sociedad civil como ECOFONDO que fue creada en 1993 en conjunto con diferentes organizaciones ,“El objetivo
era conformar una organización que se encargara de apoyar las iniciativas
ambientales de la sociedad civil, en el espíritu de la Conferencia de Río de
Janeiro (1992) y de la nueva Constitución Política de Colombia (1991), que
reconoció el derecho al ambiente sano y la diversidad ecológica y cultural del
territorio”[3].
Ecofondo se creó como un proyecto y una propuesta ambientalista de la sociedad
civil para hacerle frente a los problemas ambientales, con el fin de crear una
alternativa de producción agrícola de las organizaciones indígenas y campesinas
para fortalecer la seguridad alimentaria, un uso sostenible de los recursos
en busca de mejorar los niveles de calidad de vida. Además
se pretende la participación de las organizaciones sociales en diferentes
contextos tanto ambientales como culturales. El trabajo se ha centrado en la
conservación de la biodiversidad, la
diversidad como patrimonio nacional, la
preponderancia de un estado social de derecho y la protección del conocimiento
de las etnias. Es importante resaltar la coherencia que debe existir entre el
conocimiento tradicional y la regulación armónica de esta materia por encima de
cualquier interés económico ya sea de capitales colombianos o de las empresas
multinacionales.
Bibliografía
·
Diana Pombo. 1999. “Colombia en busca
de opciones para la defensa de la diversidad biológica y cultural en el
escenario internacional: Biodiversidad una nueva lógica para la Naturaleza”, en
Diversidad Biológica y Cultural. Retos y Propuestas Desde América Latina.
Bogotá: ILSA, Instituto de gestión Ambiental, Grupo Semillas, Fondo Mundial para la
Naturaleza, pp.66.
·
Ley 165 De 1994. Convenio de las Naciones Unidas sobre diversidad
biológica. ( En línea), disponible en : http://www.minambiente.gov.co/documentos/ley_0165_091194.pdf.
Recuperado: 29 de marzo de 2014.
·
ECOFONDO, “Gestion Ambiental
Participativa”,(En línea}9, disponible en : http://www.ecofondo.org.co/.
Recuperado : 3 de abril de 2014
·
Riechmann Jorge, Naredo José Manuel,
Bermejo Roberto, et al. “De la
económica a la ecología, Desarrollo
sostenible: la lucha por la interpretación” Editorial Trotta, Fundación 1 de mayo,
pp.11-32.
·
Caravantes Marta, “Patentes: la
apropiación ilícita de la biodiversidad”, Agencia de Información Solidaria, 30
de diciembre del 2003, (En línea), disponible en: http://www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/031230patentes.htm. Recuperado: 29 de
Marzo de 2014.
·
Galvis Hernández Gustavo, “20 años de
la constitución verde”, Reconciliación Colombiana, 14 de junio de 2011, (En
línea), disponible en: http://www.vanguardia.com/opinion/columnistas/gustavo-galvis-hernandez/gustavo-galvis-hernandez/108569-20-anos-de-la-constituc.
Recuperado: 29 de marzo de 2014.
·
Naciones Unidas, “Convenio sobre
la Diversidad Bilógica” 1992, (En línea), disponible en: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf. Recuperado : 29 de marzo de 2014
·
R. Grueso Libia, “Crecimiento
Económico, conflicto y derechos colectivos en el sector rural Colombiano”
Naciones Unidas-Derechos Humanos-Colombia Afrodescendientes, (En línea), disponible en: http://www.hchr.org.co/afrodescendientes/index.php/columnista-invitado/crecimiento-economico-conflicto-y-derechos-colectivos-en-el-sector-rural-colombiano.html.
Recuperado : 29 de marzo de 2014
[1] Diana Pombo. 1999. “Colombia en busca de opciones para la
defensa de la diversidad biológica y cultural en el escenario internacional:
Biodiversidad una nueva lógica para la Naturaleza”, en Diversidad Biológica
y Cultural. Retos y Propuestas Desde América Latina. Bogotá: ILSA,
Instituto de gestión Ambiental, Grupo Semillas, Fondo Mundial
para la Naturaleza, pp.64.
[2]
Ibid., p.67
[3]
ECOFONDO, “Historia”, (En línea) disponible en:
disponible en: http://www.rebelion.org/hemeroteca/ecologia/031230patentes.htm. Recuperado: 29 de
Marzo de 2014. Recuperado: 4 de Abril de
2014.
La firma del convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas, significó un gran avance en los derechos soberanos que cada Estado tiene sobre sus recursos naturales y genéticos. A su vez, contempla defender los derechos sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas con la biodiversidad que tienen las comunidades indígenas. lo anterior, implicó un gran avance en materia ambiental, pues son los mismos Estados quienes otorgan permiso a otros para la explotación de sus recursos.
ResponderEliminarSin embargo, pese a la ratificación de este convenio, en Colombia existe todavía un gran vacío jurídico en el tema de propiedad intelectual que hasta el día de hoy se ha visto vulnerado con el TLC firmado con Estado Unidos. Lo anterior, se explica a partir de los grandes avances otorgados a las empresas multinacionales a la cuales no sólo se les entregó la biodiversidad de nuestro país, sino que además se les otorgaron los denominados conocimientos tradicionales asociados. Ello significa la legalización de la biopiratería, que se entiende como la utilización de la propiedad intelectual para legitimar el control, la explotación y el uso de los recursos genéticos, biológicos y los conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad.
Además de constituir una violación flagrante de los derechos colectivos de las comunidades locales de la región andina — constituye de hecho una forma de privatizar la vida y el conocimiento generado colectivamente — afecta también a sus comunidades científicas nacionales, puesto que las obliga a competir por la obtención de patentes en condiciones desiguales. [1]
Toro, C. (2012).Obama en Colombia y TLC:De cómo perdimos el control de nuestra biodiversidad, en: http://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/2854-obama-en-colombia-y-tlcde-como-perdimos-el-control-de-nuestra-biodiversidad.html (Consultado el 18 arbil de 2014).
Los convenios que buscan proteger y preservar la biodiversidad de las naciones, como el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) firmado en 1992, y ratificado por Colombia, busca que el país se someta a regulaciones internacionales en esta materia, a fin de vincularla jurídicamente y como mecanismo para el aprovechamiento económico de la gran biodiversidad que posee el país. Respecto al papel que han jugado el Estado y las grandes multinacionales, no es el apropiado, ni mucho menos el indicado para algunos actores de la sociedad civil como son los grupos que habitan en las zonas donde brota la riqueza ambiental y ecológica del país. Uno de ellos son los indígenas, para quienes la madre tierra es su fuente de vida, y es poco respetada por las multinacionales, que sólo buscan obtener beneficios económicos de estas tierras. Es así como estas últimas sacan provecho de los sabios conocimientos de los grupos ancestrales, a través de patentes o extracciones. Un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo en los territorios del Casare con las empresas petroleras dedicadas a la extracción y producción del crudo, quienes no tienen en cuenta el gran impacto negativo medioambiental que se está presentando en los lugares donde ejercen su actividad, causando desastres naturales como sequías y pérdida de la biodiversidad. Por lo tanto es necesaria la intervención de OSC que luchen por conservar y mantener las zonas ecológicamente ricas, de tal forma que así se eviten grandes repercusiones en el medioambiente que más adelante va a cobrar su mal uso.
ResponderEliminarTatiana Pava Bañol
En primer lugar me gustaría discutir acerca del papel real del estado colombiano frente a la protección del medio ambiente y de las diversas culturas indígenas y de comunidades negras. Realmente el estado no protege tal como lo dice la constitución de 1991 a estas comunidades dado que es partícipe de la vulneración de derechos de las mismas al permitir ciertos proyectos que pueden llegar a tener los países del Norte (por ejemplo Estados Unidos). Lo anterior representa el juego de intereses entre dicho país y Colombia debido a que Estados Unidos por ser potencia se puede llegar a aprovechar de que nuestro país necesita cualquier cosa para manipular los acuerdos favoreciendo sus intereses. De esta manera, mientras nosotros invertimos todas nuestras energías en en CDB, la contraparte pone a su favor una estrategia más pragmática y que permite la reproducción de sus intereses. Se debe trabajar mucho más en esto, no se debe permitir bajo ningún motivo que se vulneren los derechos consagrados en la constitución. Por otro lado, quisiera escribir acerca de una fundación que propende por un ambiente sano situado en Jamundi, Valle del Cauca. Esta fundación como una OSC no busca reemplazar al estado sino más bien uplir ciertas áreas en las cuales el estado se encuentra corto en acción. La fundación Sijamundi es una ONG de medio ambiente que fue reconocida por el Ministerio de Ambiente del país en el año 2006,y tiene como objetivos el asesoramiento, ejecución y evaluación de proyectos de tipo ambiental y social. Así mismo, es la encargada de realizar programas de prevención y formación para las comunidades urbanas y rurales que habitan en Colombia. La fundación realiza eventos relacionados con el desarrollo de la comunidad, la reconstrucción del tejido social, la protección del medio ambiente, entre otras cosas. Esta fundación es una de las tantas OSC que protegen al medio ambiente y que realmente le aportan al desarrollo sostenible del país teniendo en cuenta los derechos consagrados en nuestra constitución, aspecto que al estado le falta tener en cuenta
ResponderEliminarLa firma del convenio sobre Diversidad Biológica en la cumbre de la tierra en 1992 que tuvo lugar en Rio de Janeiro y la posterior ratificación al acuerdo por parte de Colombia, fomentó la idea de ser un mecanismo para proteger y respetar la soberanía de los Estados sobre los recursos naturales y genéticos. Sin embargo, la utilización de la riqueza biológica como fuente de intereses industriales-económicos degenero el principal propósito de cuidado por fines lucrativos dada la privatización. Si bien es importante la cooperación, asociación técnica y científica por parte de los Estados vinculantes, es necesario prever el detrimento de los derechos que tiene el país en materia de los recursos biológicos y el respeto hacia las diferentes comunidades-etnias que integran la nación y en el que por reglamentación constitucional “el gobierno debe ser un servidor fiel de la voluntad de la sociedad civil”1.
ResponderEliminarFrente a los acuerdos y permisos necesarios para hacer uso de los recursos naturales y la explotación de los elementos genéticos, es importante aclarar que los resguardos indígenas como los diferentes territorios asignados a las etnias que se encuentran en el país, son entidades territoriales. Es por esto que diferentes asociaciones, ambientalistas y organizaciones como “Autoridad nacional de gobierno indígena” buscan hacer valer los derechos que tienen estos grupos sobre sus territorios y conocimientos con la finalidad de prevenir la pérdida de soberanía y la transgresión de los aspectos colectivos en cuestiones de diversidad cultural. Es de esta manera que el acceso a los recursos no puede verse como el medio para explotar y usufructuar aspectos genéticos, la Biodiversidad existente dada las características colectivas y el cuidado en los parámetros determinados sin la previa autorización y la adecuada compensación (Esto como respaldo a los problemas intrínsecos de la propiedad intelectual).
Nicolás Camilo Sierra Robles
1. Pombo. Diana, “Biodiversidad: Una nueva lógica para la naturaleza”, Pg. 66
Si bien los estados son los dueños de los recursos de su territorio son los mismos estados quienes otorgan permiso a otros estados o entidades para que exploten sus recursos; esto se puede ejemplificar con los bonos de Carbono. El Pacto de Kioto es un problema de naturaleza global ya que se está afectando el planeta el cual es un bien común por lo tanto el Pacto de Kioto fue el primer tratado en materia de cambio climático y entra en vigor en 2004. Sin embargo es un tratado al cual ningún estado ha prestado atención ya que los países contaminantes (países desarrollados) continúan contaminando y comprando bonos de carbono a los países no contaminantes (países en vía de desarrollo). Para la compra de bonos de carbono se necesita de el comprador y el vendedor quien es el dueño del bono; normalmente los vendedores son los países latinas quien son ricos en flora, fauna y diversidad; por otro lado el mercado de bonos es bien visto para reducir el calentamiento ya que así los países contaminantes reducen los costos de transacción.
ResponderEliminarfinalmente el convenios sobre diversidad biológica ratificado en 1992 interesado en proteger la biodiversidad de los estados no se cumple totalmente ya que diferentes estados prefieren vender la biodiversidad que poseemos.
“El trabajo se ha centrado en la conservación de la biodiversidad, la diversidad como patrimonio nacional, la preponderancia de un estado social de derecho y la protección del conocimiento de las etnias … la regulación armónica de esta materia por encima de cualquier interés económico ya sea de capitales colombianos o de las empresas multinacionales.” Esto en mi opinión fue un movimiento social que si bien en su momento logró su objetivo, lo que ratifica su éxito como organización, el legado no permaneció, como lo dicen las lecturas y su representante en la clase respectiva. Hoy Colombia atraviesa por una situación en las cuales la protección del conocimiento de las etnias está siendo vulnerado, entendiéndose en ese grupo a los campesinos. La resolución 970 de 2010 en la cual estipula que “sólo se pueden comercializar semillas protegidas, certificadas y registradas. Esto creó una reacción muy fuerte por parte de comunidades indígenas y campesinas, porque excluye las semillas criollas. Tanto así que ya se han hecho varios decomisos a campesinos. Se está violando el derecho fundamental de los agricultores para comercializar” según el periódico el Espectador. Es por ello que si bien no desconozco el logro del convenio sobre Diversidad Biológica, no ha sido una garantía para países agricultores como el nuestro, sobre intereses de grupos de interés particulares.
ResponderEliminarhttp://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/el-dilema-de-los-cultivos-transgenicos-articulo-388843