Julián Andrés Salazar Celis
Estudiante Sexto Semestre
Gobierno y Relaciones Internacionales
Voluntario en Fundación Cerros de Bogotá
Actualmente,
en Bogotá existen alrededor de 21000 viviendas que han sido urbanizadas de
manera ilegal; en dichos hogares, viven alrededor de 100 mil habitantes.
Producto de la informalidad, estas viviendas se escapan de la planeación del
distrito, lo cual conlleva a que los servicios públicos domiciliarios –entre
ellos, el acueducto y el alcantarillado- sean de precaria calidad.
Debido
a lo anterior, el 21% del suelo del distrito capital proviene de un origen
informal; esto, para mí, representó un motivo de gran interés para emprender el
voluntariado con la Fundación Cerros de Bogotá. Este proceso me permitió, como
estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, aplicar mis destrezas y
habilidades aprehendidas a lo largo de la carrera. Sin embargo, a raíz del
aislamiento preventivo obligatorio, como alumno tuve que ejercer un mayor
esfuerzo en la búsqueda de fuentes primarias para la recolección de información
cuantitativa y cualitativa, en aras de diseñar un marco de acción que
posibilitará encontrar una solución al problema público en cuestión.
La
identificación del problema público, como bien se sabe en la disciplina de
políticas públicas, requiere de una vigorosa dedicación, pues debe evitarse
incurrir en el problema del tercer tipo; es decir, solucionar el problema que
no es[1].
Para
el proceso de identificación del problema, antes de que se diera el inicio del
aislamiento preventivo obligatorio, de mano de Lina y Lucía Martínez -integrantes
de la Fundación Cerros de Bogotá- se realizó un trabajo de campo en el Barrio
San Luis Altos del Cabo. En esta etapa de la investigación, se efectuó una
conversación con los líderes de la comunidad y con los representantes de la
Fundación OASIS, la cual posee un diverso portafolio de talleres para diferentes
poblaciones de la comunidad; verbigracia, con los adultos mayores, se realizan
clases para la construcción de huertas en el interior de los hogares y la
creación de jabones caseros a partir de aceite quemado. Con la población
adolescente, por su parte, se promueve la expresión artística con la
colaboración de “Casa Teatro”, una organización sin ánimo de lucro de la
comunidad que busca representar los valores del Barrio San Luis Altos del Cabo
a través del arte.
Ahora
bien, durante la entrevista efectuada a los líderes de la comunidad, se
determinó inicialmente que el problema público era la baja gobernabilidad en el
barrio en cuestión. Se dedujo esto, en un primer momento, porque desde 1980, el
crecimiento demográfico del Barrio, producto del desplazamiento forzado y del
conflicto armado del país, llevó a los ciudadanos a auto-gestionarse, sin un
apoyo prioritario del gobierno, para poder sobrevivir.
En
consecuencia, el Estado tiene un bajo nivel de monitorio, inspección y control,
para evaluar las condiciones reales de vida de la población del barrio. A su
turno, en función del mandatario del Distrito Capital, algunos alcaldes
mostraban una mayor disposición para negociar con la comunidad y, de esta
manera, ayudarla a legalizar su zona vital. Sin embargo, la voluntad de los
mandatarios distritales resulta volátil, según los líderes de la comunidad,
debido a que, según ellos, la política pública del gobernante se configura a
partir de los fines electorales de las distintas alcaldías. En términos más académicos,
la percepción de la comunidad sobre la Alcaldía Mayor de Bogotá, es que esta se
caracteriza por ser clientelista. A su vez, las políticas públicas para atender
a la comunidad han sido de gobierno, pero no de Estado; es decir, se enfocan en
el corto plazo, pero no hay una proyección en el largo.
Esto
se exacerbó desde la Alcaldía de Gustavo Petro, debido a que, desde 2014, el
Consejo de Estado ordenó, a la Alcaldía Mayor de Bogotá, formular políticas
públicas para catalizar el proceso de legalización del Barrio. Para ello,
Gustavo Petro, de acuerdo a los líderes de la comunidad, prometió la
consolidación de un Comando de Atención Inmediata y un centro de salud pública
para los habitantes; empero, al día de hoy, no se han implementado estos
procesos.
Tiempo
después, en un segundo momento, se consideró que el problema público era la
alta proporción de asentamientos informales en el Barrio San Luis Altos del
Cabo. La informalidad, intrínsecamente, conlleva a que el Estado carezca de
información para el diseño de acción pública. A raíz de ello, la construcción
del árbol del problema giró en torno a esta definición.
Posteriormente,
a partir del decreto presidencial que daba inicio al aislamiento preventivo
obligatorio, aumentó la dificultad para la reunión con los diferentes actores
políticos que componían el problema público. Sin embargo, gracias a la
virtualidad, fue posible reunirnos con estos. El 27 de abril, se realizó una
reunión oficial con la Secretaría de Ambiente del Distrito Capital. Los
representantes, Laura Mejía, Eduard Larrea y Diana Rozo, afirmaron que la razón
por la cual el Distrito se veía impedido para expedir el acto administrativo
que legalizara el Barrio San Luis Altos del Cabo, era la deficiente prestación
del servicio de acueducto y alcantarillado de la empresa ACUALCOS E.S.P.
En
efecto, según la Secretaría de Ambiente y la información dada por los líderes
de la comunidad, fue posible concluir que la definición del problema es el Alto
nivel de obstaculización en el proceso de legalización en el Barrio San Luis
Altos del Cabo por la baja calidad de la prestación del Servicio del acueducto
de ACUALCOS E.S.P.
Al
tener la definición del problema público clara, se procedió con el árbol de
objetivos o el árbol de solución, a raíz del cual se elaboraría el diseño de la
política pública que sería entregado a la Fundación Cerros de Bogotá.
De
esta forma, a lo largo del proceso del voluntariado, se aplicó la metodología
del marco lógico, elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe enseñada en el curso de Métodos de Análisis de Políticas Públicas[2]. A su turno, como
producto, se diseñó una cadena de valor, en la cual se estableció el objetivo
general de la política, junto con los objetivos específicos, las metas y las
actividades. Paralelamente, se construyó un tablero de monitoreo y evaluación,
con el fin de garantizar el cumplimiento de los propósitos deseados en la
cadena de valor.
La
anterior experiencia fue enriquecedora para mi formación profesional, debido a
que, en primer lugar, logré fortalecer mis capacidades de investigación. A lo largo de la carrera, los estudiantes
utilizan métodos de escritorio a partir de fuentes secundarias para poder realizar
sus ejercicios académicos. Sin embargo, a partir del voluntariado, la exigencia
se llevó a otro nivel, pues el análisis de la política pública requirió de un
esfuerzo mayor para comprender qué es lo que se desea solucionar. De lo
contrario, sin una adecuada definición del problema –como se nos ha enseñado en
la carrera- el diseño de la política sería ineficaz y no lograría dar una
solución vigorosa a la situación que se desea mejorar.
De
igual forma, el voluntariado permite materializar mi vocación de servicio
público; como estudiante de Gobierno y Relaciones Internacionales, mis ámbitos
de interés son temas administrativos y sociales. Debido a ello, trabajar con la
Fundación Cerros de Bogotá fue una gran oportunidad para mí, como futuro
analista de políticas públicas.
A modo
de conclusión, invito a otros estudiantes a que se unan a los diferentes
proyectos de voluntariado que ofrece nuestra casa de estudios, pues es un
espacio por medio del cual podemos aportar nuestro granito de arena a la
sociedad. Lo único que se necesita es pasión, vocación por el servicio a la
comunidad y una gran disposición para ayudar a nuestro país.
[1]
Ordóñez-Matamoros, G (Dir). (2013) Manual de Análisis y Diseño de Políticas
Públicas. Bogotá D.C. Universidad Externado de Colombia
[2]
Aldunate, E y J. Córdoba (2011). Formulación de programas con la metodología
del marco lógico. Seria Manuales #68. ILPES-CEPAL. Santiago de Chile.
