Sociedad Civil y cultura

En esta oportunidad compartimos el podcast sociedad civil sobre cultura, donde se intenta revelar el tabú en lo cultural.
Se habla sobre cultura viva con varias organizaciones culturales.

http://www.spreaker.com/show/sociedad_civil

Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente

El próximo martes 29 de octubre, a las 12 M, será el lanzamiento del libro "Comercio Justo, Globalización y Medio Ambiente", editado por la Universidad Externado de Colombia. Ese día, a las 12 M, el Decano de la Facultad de Economía, Dr. Mauricio Pérez y el docente-investigador Juan Carlos Lozano, harán comentarios de la obra y los autores en Colombia, Argentina, Chile, España y México, estarán interconectados virtualmente para que los asistentes tenga la posibilidad de hacer preguntas y dialogar sobre estos temas de gran interés para la comunidad internacional y académica.

Por ahora, los invitamos a leer una nota publicada por la Revista Ecoguía ( http://www.revistaecoguia.com/perspectiva.php ),

La globalización económica y la generación de riqueza ha dado paso a la llamada sociedad 20:80; es decir, aquella en la que 20% de la humanidad dispone de la riqueza y de los recursos del planeta, mientras que el 80% restante vive en condiciones de pobreza y miseria. Esta es una de las primeras reflexiones del libro  "Comercio justo, globalización y medio ambiente", editado por los investigadores Gonzalo Andrés Ramírez y Erli Margarita Marín, de la Universidad Externado de Colombia. La obra recoge análisis de expertos como Maximilianao Aramburu, Javier Franciso Arenas Ferro, Mauricio Baquero y Diana María Beltrán, entre otros....


Bogotá, octubre 3 de 2013.- Desde el enfoque de un comercio justo, varios profesores de las Facultades de Derecho y de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, así como investigadores y profesores de universidades de Argentina, Chile, España y México, analizan algunos de los más controvertidos problemas relacionados con el comercio justo, la globalización y el medio ambiente, al igual que los derechos de los pueblos indígenas, la responsabilidad penal empresarial en la violación de derechos humanos, las migraciones y propuestas de participación de la sociedad civil.

El libro, editado por los investigadores Gonzalo Andrés Ramírez Cleves y Erli Margarita Marín Aranguren, se presenta en tres partes: aproximaciones filosóficas de la idea de Comercio Justo y Justicia Global, las nuevas formas de regulación jurídica del comercio internacional en el contexto global y dilemas y soluciones del comercio en el contexto de la globalización, que incluye pueblos indígenas, sociedad civil, migraciones y medio ambiente.

Uno de las reflexiones, que corre por cuenta de las investigadoras Erli Margarita Marín y de Marcela Muñoz, aborda las redes del comercio justo en los casos específicos de Bolivia, Brasil, Perú y Colombia, como reflejo del escenario latinoamericano. Las autoras se hacen alusión a cadenas productivas como las del banano, el café, el cacao, la quinua, la minería artesanal y las artesanías, desde la perspectiva de la participación de la sociedad civil en el desarrollo del comercio justo en los países mencionados. En los hallazgos, encuentran, por ejemplo la sobreexplotación de los recursos naturales sin reconocimiento apropiado para las poblaciones locales.

Entre los demás ensayos que incluye el libro, figuran: Migraciones internacionales irregulares: el resultado de la falta de un comercio justo en los caso de México-Estados Unidos y Marruecos-España, Comercio justo y derecho al mar, y una original narración los bioagrocombustibles, desde la perspectiva del comercio justo, responsabilidad de las empresas transnacionales, propiedad intelectual en el Acuerdo de Asociación Transpacífico, asimetrías de Mercosur, la agenda social andina, los acuerdos bilaterales de inversión y el derecho de la competencia y el comercio internacional.

Entrevista publicada en El Espectador al Representante Germán Navas T.

Hace pocas semanas, en Colombia se vivieron semanas de movilizaciones sociales (paros, marchas, protestas). En primera instancia el Gobierno intentó desconocerlas, pero cuando el país logró dimensionar la situación. El gobierno debió entrar a dialogar con las diferentes fuerzas que alegaban cómo el Gobierno Nacional podía hablar con la guerrilla (en La Habana) y no con los diferentes sectores legales que permanecían marginados.

Poco a poco se han ido usando herramientas como la ley 1453 de 2011 y ahora el ministro de Defensa ha ido lanza en ristre contra quienes muestran algún asomo de disconformidad.  Ya se radicó en Cámara el proyecto 091 de 2013 que no hace cosa distinta que penalizar la protesta.

Esta es la transcripción de la publicación de El Espectador: (06 oct. 2013)

Un proyecto de ley presentado hace pocos días al Congreso por el ministro de Defensa (ver parte superior de esta pág.) afectaría los derechos fundamentales de muchos ciudadanos si es aprobado. Como allí se modifican los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y otros, ¿no debería ser del resorte del ministro de Justicia y haber tenido una amplia discusión pública?

Claro que sí. Sin embargo, no me extraña que no haya ocurrido así: el ministro Juan Carlos Pinzón es el otro yo del doctor Santos. Tal vez por esto él cree que puede tomar decisiones en esas dos carteras. Pero Alfonso Gómez Méndez, el nuevo ministro de Justicia, sí sabe de derecho penal, mientras que Pinzón no tiene idea de esas materias. Ese proyecto que usted menciona no sólo ha debido ser debatido en público y estructurado en el Ministerio de Justicia, sino que tenía que contar con el aval del Consejo de Política Criminal. Probablemente el resultado no hubiera sido tan desastroso. Como llegó a la Cámara con la única firma de Pinzón, se entiende que nadie más fue consultado.

Sorprende que un proyecto tan vital para las libertades individuales haya pasado inadvertido. Cuando se lo entregaron a usted hace un par de días, ¿había oído algo sobre él?

Le voy a ser sincero: a mí me cogieron “virgen”. No tenía idea. Y eso que pertenezco a la Comisión Primera de la Cámara, en donde se tratan temas de carácter constitucional y penal.

¿Quién o quiénes en su Comisión van a ser los que estudien el tema y escriban la ponencia?

Uno por cada partido: Germán Varón (Cambio Radical), Bérner Zambrano (Partido de la U), Hugo Velásquez (Liberal), Gustavo Hernán Puentes (Conservador), Fernando de la Peña (PIN), Alfonso Prada (Verde), José Rodolfo Pérez (Apertura Liberal) y yo (Polo).

¿Se podría adelantar si esa ponencia cuenta con mayoría de votos negativos o positivos?

Es muy temprano para poderlo calcular. En lo que a mí atañe, anuncio desde ya que mi voto será negativo. No podría aceptar la criminalización de la protesta y menos considerar que lo que está plasmado en este proyecto sea la respuesta correcta del Estado a las manifestaciones de descontento popular.

Precisamente allí se plasma la intención de aumentar o crear delitos y penas. ¿Comparte la tendencia general en Colombia de criminalizar cualquier conducta que implique desorden personal o social, sin ningún tipo de gradación o estudio previo?

Aquí suelen proponer delitos y aumento de penas por cualquier motivo, pero, al mismo tiempo, todos los días están buscando medidas para descongestionar las cárceles. Esas contradicciones demuestran la ausencia de una política criminal seria. Recuerde cuando querían modificar el Código Penitenciario con la intención de dejar en libertad a muchos, incluso a algunos con nombre propio. Al final, uno no sabe —pero sospecha— si lo que quieren es vengarse de unos y beneficiar a otros. Si lo que están buscando es meter a la cárcel a los incómodos y soltar a los aliados, y lo logran, se estaría legalizando un comportamiento opuesto al que debe imperar en un Estado democrático.

Entre las propuestas al Código Penal, previstas en el proyecto del ministro de Defensa, hay una que tipifica el delito de “obstrucción a vías que afecten el orden público”. Propone prisión de 3 a 5 años, multas y pérdida de derechos para los infractores. ¿Ese cambio será una respuesta a los paros agrarios o es una simple casualidad?

Ninguna casualidad. Si usted lee la descripción de ese tipo penal verá que buscaron encajar en el nuevo delito a todos los que, de una u otra forma, estuvieron cerca de las protestas y los pasados paros. Como si fuera poco, allí se utilizan verbos indefinidos. Por ejemplo, “incitar”. ¿Cabe en esa descripción el estudiante que les dice a sus compañeros “vamos a protestar” y luego interrumpen momentáneamente el tráfico? ¿Se van a ir a la cárcel los de la Pedagógica, la Distrital, la Nacional, la UIS? ¿También serán puestos en prisión los paperos de Boyacá si vuelven a parar y uno que otro congresista que los acompañó en las marchas? Es tan infame esta disposición, que los responsables no tendrían derecho a ningún beneficio o subrogado penal como los que se otorgan a delitos de mucha mayor gravedad.

Ese artículo aclara que se excluyen de ser penalizados quienes tengan permiso de autoridad competente para realizar manifestaciones. ¿Las protestas espontáneas serían calificadas, en consecuencia, como delictivas?

Pues según ese proyecto sí, porque no tendrían permiso. Pero eso es absurdo, porque las protestas sociales no tienen el carácter de procesión de Semana Santa ni de marcha del Día del Trabajo. Las manifestaciones surgen por razones puntuales y no se organizan consultando con el Estado, puesto que, precisamente, su naturaleza es la de ser una expresión de rechazo a una actitud o a una decisión oficial. ¡Imagínese usted a los líderes de la Revolución Francesa pidiendo permiso con 72 horas de anticipación para manifestarse!

Al Código de Procedimiento Penal se le añadiría un artículo que autoriza a la Policía “destruir (‘ipso facto’) los medios utilizados para la exploración o explotación ilícita de minerales y otros”, por ejemplo, maquinaria, equipos y bienes después de que un juez lo decida “dentro de las 36 horas siguientes a la solicitud de un fiscal”. ¿Esta propuesta se ajusta a la Constitución?

Por el contrario, creo que atenta contra los principios de la Carta. El ministro de Defensa parece añorar los consejos verbales de guerra de Rojas Pinilla y de Luis Carlos Camacho Leyva. Ese artículo viola los principios del debido proceso y el derecho de defensa, entre otros. ¿Van a destruir maquinaria sólo con la presunción de que sirve para algo ilegal? Y si después se establece que hubo una equivocación, ¿quién va a restituir el bien y con cuál dinero? ¿El público?

¿La destrucción de bienes particulares viola otros derechos?

Sí. Viola el derecho de propiedad privada. Pero más allá de estos temas puntuales pareciera que, con este proyecto, el Gobierno tuviera en mente prepararse para cuando empiecen a dilatarse los arreglos, se incumplan los acuerdos con los campesinos y éstos decidan volver a protestar. Entonces ya no podrán hacerlo por la amenaza de ser castigados penalmente.

Ese permiso de destruir bienes “a prevención” estaría en manos del Ministerio de Ambiente, la Unidad de Parques Nacionales, las corporaciones autónomas regionales y municipales y hasta la Armada y la Policía. ¿Puede pasar el examen en la Corte Constitucional esa facultad?

Creo que la Corte examinaría la autorización de destruir bienes y también la delegación de competencias a funcionarios del Ejecutivo que, en mi sentir, son exclusivas de los jueces. Y sería difícil que, después, conceptuara que esas facultades son constitucionales.

En materia ambiental el proyecto establece que “se presume la culpa o dolo… y (que) el infractor será sancionado si no desvirtúa (esa) presunción”. ¿Cómo califica esta propuesta?

Sólo quisiera ver si la Corte Constitucional se traga ese dulce envenenado.

¿La minería informal a la que se dedican centenares de campesinos pobres para subsistir quedaría equiparada a la minería ilegal?

Absolutamente. Tal como está redactado el artículo, la minería ilegal queda equiparada con la artesanal. No hay ninguna diferenciación.

De otro lado, se está contemplando prisión de entre 1 y 5 años para adolescentes de 16 a 18 años de edad, lo cual es un significativo endurecimiento de penas para los jóvenes. ¿Justo o injusto?

Hace menos de 15 días una propuesta similar estaba siendo discutida en la Comisión Primera de la Cámara con Bienestar Familiar, delegados de la Procuraduría y de la Defensoría. Con la presentación de este proyecto, el ministro Pinzón se llevó de calle el otro. Mire usted la descoordinación del mismo Estado.

El ministro de Defensa es tan poderoso en el Congreso que todo lo que pide se lo dan. No hay sino que recordar cómo sacó adelanta la ampliación del fuero militar pese a las objeciones nacionales e internacionales.

Juan Carlos Pinzón es, de lejos, el ministro más poderoso del gabinete en el Congreso. Los parlamentarios hacen lo que él desea. Le tienen pánico o lo quieren complacer en todo. Deben saber que él es, como le dije al comienzo, el otro verdadero yo del presidente Santos.

¿Qué propone el proyecto del Ministerio de Defensa?

El Proyecto 091 de 2013 fue presentado a la Cámara de Representantes por el ministro Juan Carlos Pinzón el pasado 11 de septiembre y publicado en la Gaceta Oficial el 16 de ese mes. Pero sólo hasta ahora fue repartido a los representantes de la Comisión Primera para su estudio y ponencia. En él se establece, entre otras modificaciones, el tipo penal de “obstrucción a vías públicas” con penas de prisión de 36 a 60 meses, multas de 20 a 100 salarios mínimos, inhabilidad y pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión. También autoriza la destrucción de “los bienes, maquinaria, equipos o insumos” utilizados para la minería ilegal… dentro de las 36 horas siguientes a la solicitud motivada del fiscal ante un juez”. Y, paradójicamente, afirma que los “terceros de buena fe exentos de culpa” podrán solicitar la protección de sus derechos “con posterioridad al acto de destrucción”, pero no explica cómo, cuándo ni quiénes les restituirán sus propiedades perdidas. En otro asombroso aparte, el proyecto señala que “en materia ambiental se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas”. Y que “el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo…”.

“Parece un proyecto elaborado por el franquismo”

Concepto del constitucionalista José Gregorio Hernández: “La lectura del proyecto permite concluir que exagera, hasta el extremo, la posibilidad de la acción estatal; que consagra penas desproporcionadas e irrazonables; que, contra la Constitución, presume la culpabilidad; que niega los recursos frente a decisiones administrativas que pueden lesionar derechos fundamentales y colectivos; que se presta a la arbitrariedad; que otorga facultades desmesuradas a las autoridades administrativas; que criminaliza la protesta; que expone de manera gaseosa las conductas punibles respecto de las cuales prevé aumento de pena, y que, en general, parece un proyecto elaborado más por el franquismo que por abogados demócratas. Además, su formulación ante el Congreso no corresponde al ministro de Defensa, sino al ministro de Justicia”.

Por: Cecilia Orozco Tascón

El poder de las OSC y su divergencia de opinión sobre el Medio Ambiente

Por: Robert Woodcock

El medio ambiente se está convirtiendo en un tema de discusión internacional y local que evoca posiciones encontradas sobre el valor que debería tener en la agenda internacional, como consecuencia de la falta de compromiso por parte de países desarrollados los cuales rechazan la adopción de acuerdos internacionales sobre el medio ambiente, es el caso del Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, el cual es obsoleto al no contener a los países más emisores de gases de efecto invernadero. “El Protocolo de Kioto no incluye a los dos mayores emisores (de gases de efecto invernadero) del mundo, Estados Unidos y China, y por lo tanto no puede funcionar”[1], dijo Peter Kent ministro de medio ambiente de Canadá anunciando la renuncia de su país al tratado en 2011. A ésta idea se suman Rusia e incluso Japón. Éste efecto contagio hacia la negativa del cumplimiento de Kyoto demuestra un acelerado desinterés por los temas ambientales. Temas que resultaron importantes por la insistencia de OSC desde finales del siglo XX en el compromiso global para la defensa del medio ambiente y que hoy las herramientas de persuasión hacia los Estados y a nivel internacional están perdiendo fuerza.

Las OSC deben cumplir con el papel de ser “fuente de innovación de políticas a nivel internacional, el instrumento de difusión de normas y buenas prácticas internacionales y fuente de información desde lo local hacia lo internacional”[2], además de ejercer presión al Estado para la implementación de políticas al respecto de una problemática común. En cuanto a la problemática ambiental se conoce sobre el papel que hicieron las OSC para la implementación de políticas al respecto de problemas ambientales, como organizaciones científicas que desarrollaron la alerta sobre el calentamiento global desde los 70. Hoy, ésta iniciativa ha fortalecido el desarrollo de las OSC como organizaciones con el poder de influenciar políticas desde el estudio de problemáticas con el fin de generar información a la comunidad internacional y a nivel del Estado, ejercer presión sobre las decisiones de Estado sobre temas específicos y así mismo cooperar localmente con el Estado para la implementación de políticas específicas.

Una de las variables que afecta el cambio climático es la deforestación, por eso en éste escrito quiero hacer referencia sobre la deforestación, sus consecuencias y la misión de algunas OSC que trabajan al respecto concientizando a la sociedad, las empresas nacionales, multinacionales y al Estado sobre la problemática. En ese sentido, Fondo Mexicano Para la Conservación de la Naturaleza, Institución privada coopera con el Estado mexicano para la supervisión y monitoreo del estado de los bosques. Así como otras OSC que son consultoras en materias ambientales de deforestación y son entes de presión hacia políticas del gobierno como por ejemplo la ONG Instituto Imazón (OII), Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonía (IHMAA) entre otras, de Brasil quienes se han interesado en alarmar por la creciente deforestación de bosques en la Amazonia con fines agropecuarios. Dichas organizaciones indican que éste aumento en la deforestación (2013) se debe especialmente a la reforma del código forestal, sancionada en octubre 2012. Esta ley, impulsada por la poderosa bancada agropecuaria en el Congreso, establece qué parte del bosque los agricultores y ganaderos tienen que respetar en sus propiedades.

Así, el tema ambiental se convierte en motor de un largo debate sobre la priorización de temas en la agenda local e internacional. Por un lado el desarrollo económico a partir de la explotación de recursos naturales, y por otro lado la administración de los recursos naturales para la protección del medio ambiente. Al final, son intereses que se pueden evidenciar en el papel antagónico de OSC que representan sean particulares, empresas o grupos de interés, con respecto al desarrollo de la agricultura con miras a la competitividad de biocombustibles y por ende la necesidad de utilizar mayor extensión de tierras (norte de Brasil); y por otro lado, organizaciones que a favor de la protección del medio ambiente a partir de la defensa de bosques en el Amazonas, cuyo valor ambiental es incalculable.

Para el caso específico de la reforma al código forestal en Brasil, es importante entender la función de las OSC como actor que representa intereses comunes bien sea a los agricultores y su derecho a sembrar y utilizar su propiedad privada para hacerlo (extensiones de tierra en el norte de Brasil, colindantes con la Amazonía) o aquellas que representan la preocupación de organizaciones científicas en cuanto a los efectos ambientales (en contexto del calentamiento global) de la indiscriminada deforestación de zonas selváticas y boscosas –pulmones de América, la Amazonía-, además de grupos de interés supra conservacionistas. Cuyo poder de influenciar en las políticas adoptadas por el Estado se refieren a la capacidad de hacer lobby ante el gobierno, y en la concientización, discusión y cooperación en la formulación de políticas adecuadas al problema, y por último, también ser antagonistas a las políticas locales y ejercer presión a los entes gubernamentales.  

       Bibliografía

·         Canadá se retiró del Protocolo de Kioto contra el cambio climático. Periódico El Comercio (Peru). Publicación del Lunes 12 de Diciembre 2011. Consultado en línea:http://elcomercio.pe/planeta/1347235/noticia-canada-se-retiro-protocolo-kioto-contra-cambio-climatico

·         [1]NEWELL, Peter. Climate for Change, Non-state Actors and the Global Politics of the GreenHouse. University of Warwick. Cambridge University Press. 2000, PP 24.

·         DE LA TORRE, Augusto. Evitando la maldición de los recursos naturales. Consultado en línea: http://www.iadb.org/intal/intalcdi/PE/2012/09733.pdf

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[1] Canadá se retiró del Protocolo de Kioto contra el cambio climático. Periódico El Comercio (Peru). Publicación del Lunes 12 de Diciembre 2011. Consultado en línea:http://elcomercio.pe/planeta/1347235/noticia-canada-se-retiro-protocolo-kioto-contra-cambio-climatico

[2] NEWELL, Peter. Climate for Change, Non-state Actors and the Global Politics of the GreenHouse. University of Warwick. Cambridge University Press. 2000, PP 24. 

SOCIEDAD CIVIL, A ACTUAR CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El calentamiento global sigue en aumento con todos sus efectos en desplazamiento, muertes y otros costos sociales y ambientales.

El profesor Manuel Guzmán Hennessey, insta a la sociedad civil a exigir de los gobernantes acciones claves contra el cambio climático.

Por: LuzDary Ayala Villamil

BOGOTÁ, septiembre 30 de 2013.- Los datos más recientes sobre la presencia de carbono en la atmósfera alcanza las 400 partes por millón (ppm), lo que da cuenta de la dimensión del calentamiento global.

Así lo dio a conocer el investigador Manuel Guzmán Hennessey, en el foro Sembrar para mitigar-huella de carbono, convocado por Revista ECOGUÍA y la red PACTO GLOBAL-Colombia, con el apoyo de ConTreebute y del programa Carbono Neutro, de Autos Honda.

Durante el evento, que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Bogotá, este 25 de septiembre, Guzmán recordó que en el siglo XIX esa cifra era de 280 ppm y desde que los científicos alertaron sobre el peligroso aumento de la temperatura del planeta, se informó que no se podía pasar de 350.

De acuerdo con las proyecciones científicas, advirtió el profesor Guzmán, al ritmo que vamos se podría llegar a 500 ppm antes de 2030, lo que implicaría soportar temperaturas no aptas para la vida.

En su intervención, Guzmán Hennessey, precisó que el calentamiento global está ocasionando la muerte de no menos de 400.000 personas al año y millones de refugiados climáticos, de acuerdo con cifras de Climate Vulnerabiliy Monitor, 2012). A 2030, subrayó, el número de refugiados podría llegar a mil millones. Otro tanto sería el registro de personas muertas por la misma causa.

El académico retomó cálculos del profesor Norman Myers, quien pronostica que para 2050 una de cada 45 personas en el mundo será desplazada climática.

En términos económicos, dijo también que el mundo invierte cerca del 1,6% de su PIB para atender esta crisis, lo cual calificó como una noticia muy grave.

Recordó que en el difundido Protocolo de Kyoto, los países no se comprometieron y finalmente no se llegó a acuerdos concretos ni mucho menos a acciones efectivas para frenar el calentamiento global.

Por estos preocupantes datos del inexorable avance del calentamiento global, el profesor Guzmán instó a la sociedad civil a reaccionar de manera colectiva para exigirle a los gobernantes una acción contundente en torno a las emisiones contaminantes. Se necesita una generación del cambio climático, concluyó.

Podcast Desarrollo Rural

Todos pueden escuchar el programa sobre "Desarrollo Rural"

http://www.spreaker.com/show/sociedad_civil

Hay entrevistas al senador Jorge Enrique Robledo, a Cecilia López, el alcalde de Choachí y varias organizaciones de la sociedad civil que adelantan proyectos campesinos interesantes.

PROCESOS DE PAZ Y SOCIEDAD CIVIL COLOMBIANA

Por: Wilson Ojeda

En toda su historia el Estado colombiano ha experimentado un conflicto armado lo que ha llevado a que se cree la responsabilidad de construir la paz y por ende se lleven a cabo diferentes intentos de negociaciones de paz como el que enfrenta el actual gobierno del presidente Santos con las FARC. Sin embargo, estas propuestas no se pueden llevar a cabo sin la  presencia de la sociedad civil debido a que el problema no solamente es militar sino que involucra sectores como el económico, político y cultural, al punto que actores de enfoque público cada vez ponen más atención al conflicto como los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Debido a lo anterior, vale la pena preguntarse ¿Cuál ha sido el papel de las OSC dentro de los procesos de paz llevados a cabo en los últimos años en Colombia?

En primer lugar, cabe resaltar que el tema de la paz ha tenido un desarrollo complejo cuando se habla de la participación de la sociedad civil. De acuerdo con María Eugenia Querubín Londoño, Vicepresidenta de Desarrollo Fundación Social, por un lado, debido al aumento de quienes se interesan y son afectados por el tema, se ha pasado de un participación centrada en gremios a una donde se incluyen además, grupos e individuos con poder en sectores económicos, organismos no gubernamentales y movimientos de sectores populares. Sin embargo, se ha venido haciendo más complejo la construcción de referentes que cubran aspectos fundamentales como la atención psicológica de los afectados por el conflicto y los efectos que el mismo tiene en el futuro de los ciudadanos colombianos, creando de ésta manera, la emergencia de movimientos por la paz frente a la debilidad del sistema democrático colombiano[1].

Dicha participación de las OSC en la paz, se puede dar de las siguientes formas[2]: 1) Promoviendo una opinión pública favorable a un proceso/acuerdo de paz, 2) Facilitando el diálogo entre las partes, 3) Monitoreando el cumplimiento y/o violación de los compromisos que se van pactando a lo largo del proceso de paz, 4) Participando en la mesa de negociaciones: a través de distintos mecanismos como: mecanismos de consulta, con representante con capacidad de decisión y mecanismos de participación directa, 5) Movilizándose para presionar la negociación, y finalmente 6) Validando democráticamente un acuerdo de paz.

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena demostrar cuales de éstos mecanismos se han implementado en Colombia, durante las últimas décadas. En primer lugar, en cuanto a promover el dialogo como una alternativa al conflicto armado, es una de los más comunes en el país desde los años 80, donde se pueden destacar las posiciones de las mujeres y los indígenas como por ejemplo el Encuentro Nacional de Mujeres por la Paz que se llevó a cabo en Bogotá entre el 3 y el 4 de diciembre con la intención de reunir vivencias y propuestas de mujeres campesinas, indígenas, afrocolombianas, urbanas, académicas y militantes para exigir al gobierno la inclusión de las mujeres en el proceso y la salida negociada[3], así como en 1997 el “Mandato Nacional por la Paz” partió de la movilización nacional por la paz y su materialización en una papeleta de diez millones de votos exigiendo negociaciones de paz entre el gobierno y la insurgencia guerrillera[4].

Por otro lado, en cuanto a monitorear el cumplimiento de acuerdos a lo largo del proceso, el papel más importante a este nivel ha sido el monitoreo independiente y denuncia de las OSC a las violaciones del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los grupos armados.  Así mismo, en cuanto a movilizarse para presionar la negociación, es claro que las movilizaciones en el país por la paz han tenido como base el interés por apoyar un proceso de paz. Ejemplo de esto fue la llamada Marcha Nacional por la Paz, la Democracia y la Defensa de lo Público, que se realizó el 9 de abril del presente año o la movilización del 6 de Diciembre por los secuestrados y la paz de Colombia, donde la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil fue la que realizó la convocatoria[5].

Finalmente aunque se ha visto que las OSC no participan de forma directa en las mesas de negociación, se han dado algunas intenciones de forma indirecta como se ha visto en las negociaciones paz que actualmente se llevan a cabo con el presidente Santos, a través de un documento que las comisiones de paz del Congreso entregará a las mesas de negociación y donde recopila las sugerencias de más de 800 organizaciones que respaldan las negociaciones[6].

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[1] Querubín, María Eugenia. “Las negociaciones de paz y el papel de la Sociedad Civil”, [disponible en:], http://res.uniandes.edu.co/view.php/60/, recuperado el 19 de septiembre de 2013.

[2] García, Mauricio. “PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PROCESOS DE PAZ: COMPARACION ENTRE FILIPINAS Y COLOMBIA”, [disponible en:], http://www.c-r.org/sites/c-r.org/files/Participant%20Reflections-Mauricio%20Garc%C3%ADa_201008_SPA.pdf, recuperado el 19 de septiembre de 2013.

[3] Observatorio de Humanas: Mujeres, paz y seguridad. “Encuentros de la sociedad civil por la paz”, (Enero de 2013), [disponible en:], http://www.humanas.org.co/archivos/boletin1325-4.pdf, recuperado el 19 de septiembre de 2013.

[4] Ardila, Dorys. “Participación de la sociedad civil en la construcción de la paz en Colombia en el marco del proceso electoral”, [disponible en:], http://escolapau.uab.cat/img/programas/colombia/articulos/articulo013.pdf, recuperado el 19 de septiembre de 2013.

[5] Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, (Junio 2012). Comunicado Público, “MOVILICÉMONOS POR LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS SECUESTRADAS Y POR LA PAZ EN COLOMBIA”, [disponible en:], http://asambleaporlapaz.com/spip/spip.php?article43, recuperado el 19 de septiembre de 2013.

[6] El Tiempo, (Noviembre 2012). “Sociedad civil alista propuesta para La Habana”, [disponible en:], http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12373048.html, recuperado el 19 de septiembre de 2013.