Dialoguemos sobre paz, un asunto propio de la sociedad civil

Margarita Marín

(17 de Octubre de 2012)

Ahora cuando nos aprestamos a la segunda fase (la de Oslo, octubre de 2012) del proceso de negociación entre el Gobierno Nacional con las Farc-Ep, luego de seis meses de diálogos secretos, en La Habana (Cuba), algunos se preguntan por la participación de las organizaciones de la sociedad civil en un proceso que funcione o nó tendrá consecuencias para la sociedad actual y futura de Colombia. Otros, por el contrario, se aterran que se haga la pregunta. Como quiera que sea, lo que se evidencia es la polarización que vivemos los colombianos.

Lo concreto hasta ahora es que las partes llegaron a un "Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera"[1]. También, que el Gobierno Nacional ha invitado al Ejército de Liberación Nacional a sumarse al proceso. Ya todos sabemos que las partes han conformado sus equipos negociadores y que ya están en Noruega para dar inicio a la mesa de diálogo. También es conocido que la negociación se realizará con el objetivo de llegar a un acuerdo final del conflicto, sin cese al fuego y que las discusiones de la mesa no se harán públicas.

Si se mira en detalle, como lo han hecho algunas investigadoras, en los procesos de desmovilización de la última década del siglo pasado (años noventa), las mujeres han estado ausentes. “Ni su voz ni ellas mismas” anotan cuando revelan que: del total de firmantes (280) en aquellos procesos, solo 15 han sido mujeres (una guerrillera ha sido signataria en los acuerdos que se han firmado con seis grupos guerrilleros)[2]. Lo curioso es que directa e indirectamente las mujeres han estado en el conflicto, y si van a la guerra, la carga es mayor y es negativa porque -como madres- “han abandonado a sus hijos”. Los hombres, por el contrario, estén en el bando que estén, siempre serán héroes.

Esa perspectiva (la de género) abre paso para considerar a diversas organizaciones (las de afrocolombianos, campesinas, de derechos humanos, entre otras) y entonces se obliga la reflexión sobre si son todos lo que están y están todos los que son. Bueno, al retroceder un poco en la historia se encuentra que en “en la década de 1970 la acción colectiva en busca de la paz representaba el 1,6% del total de luchas cívicas, pasó a 19% durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), aunque descendió a 15,8% durante la administración Gaviria (1990-1994)” (Romero, 2002, 360). En la década del ochenta, la Compañía de Jesús fue uno de los grupos que desarrolló más actividad para crear las condiciones necesarias para la paz. Hubo movimientos por la vida, en donde los “locos por la vida” expresaron lúdicamente ese deseo de toda la sociedad. Se oyeron todas las voces, incluso la de los niños. Más adelante, en la década del noventa, se acogieron diversas iniciativas y se consolidaron algunos “territorios de paz”. Las diferentes acciones de parte de los actores armados, conllevaron a que se dictara un “Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad”, demostrando cuan vinculada se encontraba toda la población en la discusión. De hecho, el proceso de El Caguan, adelantado en la administración de Andrés Pastrana Arango, ha sido de los más participativos.

Más recientemente, las marchas del 4 de febrero (un millón de voces contra las Farc) y la del 6 de marzo de 2008 (homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia) marcaron un hito: “No más”, acabar con la guerra. No obstante, el camino fue el opuesto, al punto de desconocer el conflicto y tomar la opción de armarse. El conflicto no cesó, pero las guerrillas sí lograron debilitarse al punto que desde la misma administración Uribe Vélez (en su segundo mandato) se hicieron amagues para los acercamientos. Hoy, con el presidente Juan Manuel Santos, estamos ad portas de un proceso de negociación.

Que no está la sociedad civil, dirán algunos. Bueno, hay una parte. En el equipo negociador del Gobierno Nacional está Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi y del Consejo Gremial. Dos organizaciones que si bien son del sector privado, también son entidades sin ánimo de lucro. Por ende, son sociedad civil. Y sí, la polarización aparece en este punto. De un lado, algunos preferirán decir que no es sociedad civil, pero en stricto sensu lo son. Para quienes lo duden, se recomienda volver al concepto en Naidoo y Tandom[3]. De todas maneras, dirán otros más, ellos no representan a todas las organizaciones. Y es verdad. Nadie representa a la sociedad civil. Es un error pensarla en términos de representatividad. Del otro lado, estarán quienes opinan que el Gobierno Nacional está en su derecho de nombrar a quienes él considera que lo representen. Así lo ha hecho. La decisión está tomada. Las organizaciones sociales están divididas. Unas que piden un lugar y otras que comprenden la situación.

Aun así, los reclamos de algunos sectores de la sociedad civil hicieron mella en el Estado porque se convocó el Consejo Nacional de Paz[4]. Aun sin asiento en la mesa de negociaciones, es un avance porque es la voz civil en el proceso. El Senado, desde la Comisión Primera ya trabaja en algunas mesas, y hay sectores de la sociedad civil que se identifican con algunas y le apuestan al debate. El asesor del Diálogo Social (Luis Eduardo Garzón) tiene una tarea que por ahora adelanta con muy bajo perfil.

Algunas organizaciones sociales consideran que derechos humanos y tema de género son centrales, otras le apuestan a fortalecer capacidades, el empleo y el agro. Quizá pensando más en el futuro inmediato, cuando se acabe el conflicto. No faltan las que estén pensando en alternativas para la verificación del cese al fuego. Hay iniciativas de control político, y por eso se han desarrollado páginas web para hacerle seguimiento al proceso que comienza en Oslo, pero también a las mesas que se coordinan desde la Comisión Primera del Senado. Una alternativa se accountability social (en términos de Peruzzotti) o de responsabilización (siguiendo a Keck y Sikkink). Quierase o no, la sociedad civil logró que el tema entrara en la agenda. Ahí, ya hay una ganancia. Otra más se anota con el diálogo.

Ahora bien, como las organizaciones de la sociedad civil suelen trabajar en red, hay organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW) que, en las negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, hablan ya de la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas a la justicia. Sin duda, la paz para Colombia no es un asunto solo de dos. Muchos más están involucrados y el juego ya ha arrancado.

Referencias

Keane, John.2008. La sociedad civil global y el gobierno del mundo, 1^ra ed. En castellano, Barcelona, Hacer editorial.

Romero Mauricio. 2002. “Sociedad civil, cooperación y movilización por la paz en Colombia”, en Panfichi, Aldo (coord.) Sociedad civil, esfera pública y democratización en América Latina: Andes y Cono Sur, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 359-380.

Rubio, Mauricio. 2012. “Sin mujeres en la mesa de negociación”, El Espectador, 19 de septiembre.

---

[1] Contiene seis puntos centrales: El primero se denomina ‘Política de desarrollo agrario integral’, el cual será el tema fundamental del acuerdo, el segundo tema es la ‘participación política’, el tercer punto ‘Fin del conflicto’. El cuarto tema a tratar se relaciona con el narcotráfico en el país y se denomina ‘Solución al conflicto de drogas ilícitas’, el quinto punto es ‘Víctimas y Reparación’ y el último tema a tratar para llegar a un acuerdo por la paz es la ‘Implementación, Verificación, Refrendación’.

[2] Ampliar en la columna de Mauricio Rubio, en El Espectador.

[3] “Es la red de asociaciones autónomas que los ciudadanos portadores de derechos y cargados de responsabilidades crean voluntariamente para ocuparse de problemas compartidos, presentar sus intereses comunes y promover sus aspiraciones colectivas” (Keane, 2008, 61).

[4] Creado por la Ley 434 de 1998.

Miedo a lo que le puede pasar al ambiente

Margarita Marín

(9 de Oct. de 2012)

La flora en todo su esplendor y la fauna con todo su encanto son imágenes que llegan a nuestras mentes cuando consideramos el tema ambiental. En ocasiones, solo pensamos en él para las vacaciones o cuando las condiciones diarias están alteradas respecto a las costumbres en sitio y lugar preciso. Si reflexionamos un poco sobre el futuro, el panorama se torna nebuloso y la primera idea es miedo por lo que le puede pasar al medio ambiente, cuando no indiferencia sobre lo que se avecine.

Algunos cuando piensan en lo aterrador pueden recordar el documental “una verdad inconveniente” o “una verdad incómoda”. Otros, simplemente consideran que este los induce a pensar negativamente porque allí se juntan hechos y predicciones aterradoras. Más allá de eso, debemos ser conscientes de que medio ambiente, ecología o naturaleza son términos que “implican una construcción social que se transforma todo el tiempo” (Ulloa et ál, 2002, 139). Claro, esto no mitiga la percepción, por el contrario la hace evidente y al mismo tiempo nos involucra en presente sobre el futuro.

De manera precisa, un análisis relacional de nuestro entorno y lo que hacemos como Homo Sapiens, como seres humanos, puede llevarnos a eternos debates tanto desde la óptica de las ciencias naturales como desde las ciencias sociales. Sea desde una óptica o desde la otra, debemos tomar decisiones cuando del sistema productivo se trata, puesto que la investigación y el desarrollo (I+D) ó la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) son los que nos permiten avanzar.

Aquí surge otro problema ¿qué se entiende por desarrollo? Bueno, la respuesta a esta pregunta tiene tantas aristas como teorías sean consideradas. Lo que nos ha enseñado Kalmanovitz es que “las organizaciones sociales y los cambios históricos van construyendo una senda de desarrollo económico que depende en gran medida del pasado” (Téllez y Cubillos, 2009, 229). Luego, se desprende la importancia de este agente social y político que se auto-organiza, voluntariamente y sin ánimo de lucro para “meditar, comentar y negociar” (Kaldor). Mucho más cuando Bailey (Ulloa et ál, 2002, 152) señala que las organizaciones no gubernamentales crean propuestas alternativas de desarrollo ambiental e incluso logran influir en la reconfiguración de políticas ambientales.

Una evidencia cercana, puede situarse en Acre, Brasil y esa gran transformación que lideró Chico Méndes: considerar que era posible el desarrollo sustentable, para poder vivir de la selva sin arrasar con ella. Él llegó a las instancias nacionales y pasó las fronteras con la propuesta de Reservas Extractivas para recolectores de caucho (hoy, solo en Brasil, se extienden a un tamaño como el de Portugal), en 1987 llegó a la ONU, que le reconoció su trabajo y lo apoyó, pero al año siguiente los terratenientes que buscaban arrasar la selva lo asesinaron. Violencia que se ha ejercido en otros sitios contra grupos étnicos que buscan proteger sus territorios de la gran minería, la exploración petrolera, las grandes obras de infraestructura, entre otros, como sucedió con los Uwas quienes, en un momento crítico, ofrecieron terminar con sus vidas, de insistirse en la exploración en lo que para ellos es la tierra de sus ancestros.

Hoy, con la locomotora que ha echado a andar el Gobierno Nacional, se acrecienta el conflicto y se exigen alternativas más creativas para abordar este tipo de debates, pero no es una situación exclusiva de Colombia. Casi que en todo el territorio latinoamericano, donde el neoextractivismo toma fuerza como tema-problema y, de manera directa, se relaciona con otra gran preocupación: el calentamiento global, también esta en la agenda internacional. Y querámoslo o no, los activistas ambientalistas nos han enseñado que todos unidos y cada uno podemos hacer algo en lo local y tendrá impacto en lo global. La pregunta es quedarse con el miedo al ambiente del futuro? O será mejor construir el futuro ambiental!

Negociaciones: ¿Están todos lo que son, son todos los que están?

Esta semana compartiremos el artículo que escribió Frederic Masse, co-director del CIPE, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, de la Universidad Externado de Colombia, en Razón Pública el pasado

domingo, 30 de Septiembre de 2012

Frederic Masse, Co-director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia. Un repaso cuidadoso de la experiencia mundial confirma que esta vez las dos delegaciones están bien integradas, pero subsisten algunas preguntas y hay lecciones que en el futuro no se deben olvidar.

Todos los que son

Poco después del anuncio de la apertura de negociaciones entre el gobierno y las FARC, se supo quiénes serán los representantes de cada parte y cuáles las reglas de funcionamiento de la mesa, a partir del próximo ¿14? de octubre. Quiénes son los negociadores puede ser tan determinante como el qué o el cómo negociar, aunque los analistas — y la opinión pública en general — parecen asignar una importancia menor a este factor.
Para que un proceso de paz pueda tener éxito se necesita que quienes hacen parte del problema hagan parte de la solución: en la negociación deben estar todos los contrarios verdaderos, ya que si alguno queda por fuera, sus reivindicaciones también lo estarán - y esa parte resentida se convierte en enemiga u obstáculo para el proceso. Son varios los casos donde la parte excluida impidió el cumplimiento de los acuerdos suscritos:

• Muchos opinan que la exclusión del partido islamita Hamas de las negociaciones de Oslo en 1993 fue un error, porque aunque se suponía la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) era el representante verdadero y único de los palestinos, Hamas tenía gran apoyo en los territorios ocupados y en la franja de Gaza [i].

• En Irlanda del Norte, se considera que las negociaciones de 1991 y 1992 no resultaron porque se excluyó a los grupos radicales de ambos bandos[ii].

• En Ruanda, los críticos del Acuerdo de Arusha de 1993 estiman que hubiera debido incluirse a los extremistas de la Coalición para la Defensa de la Republica (CRD), porque ellos fueron en gran parte responsables de las masacres ulteriores [iii].

• Las negociaciones que llevaron a la firma del acuerdo de paz Indo – Sri Lanka de 1987 no incluyeron a los Tamiles del LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam), lo que explica que los acuerdos no hayan funcionado[iv].

Actores y facciones
Ahora bien, si una negociación de paz debe incluir a los actores en conflicto, ¿hasta qué punto debe comprender a todos ellos? Esta pregunta apunta a dos asuntos diferentes:
-Por un lado está la cuestión de si en conflictos que implican a múltiples actores (como ocurre en Colombia) se debe negociar con todos ellos o si se pueden adelantar negociaciones por separado. Si bien la paz finalmente depende de que todos los bandos depongan las armas, algunos ejemplos sirven para matizar este postulado y sugieren que negociar con todas las partes no es absolutamente necesario, ni tampoco es siempre pertinente. En Tayikistán, por ejemplo, mientras unos criticaban que el norte del país no estaba representado y que sus intereses no fueron reflejados en los acuerdos, otros opinan que “una proliferación de partes negociadoras no solamente no se justificaba, sino que además habría retrasado la paz” [v].
-Por otro lado está el problema de quiénes pueden o deben negociar en nombre de cada grupo. A este respecto sabemos que casi siempre existen, en cada grupo, diversas tendencias o intereses divergentes, de modo que cada parte en realidad es una entidad heterogénea. Aunque siempre son muchos los actores que tienen intereses y pretensiones de representar su grupo en las negociaciones, no todos pueden sentarse a la mesa de negociación. La legitimidad y la capacidad de los negociadores dependen tanto de la situación, de la función y rango de esas personas dentro de su grupo, como de su profesión, de su personalidad, de su experiencia y de sus antecedentes.
¿Entonces, qué elementos deben tenerse en cuenta en el momento de decidir con quién negociar y quién debe negociar?
Legitimidad suficiente
Es fundamental que los representantes tengan la credibilidad y la legitimidad suficientes. Si estas personas no representan realmente a — o no tienen el apoyo de — los grupos respectivos, existe un riesgo obvio de que el proceso fracase.
-En Uganda, por ejemplo, una de las dificultades de la negociación entre el gobierno y el Ejército Republicano del Señor (LRA, en inglés) consistió en que este grupo — cuya delegación estaba compuesta principalmente por la diáspora Acholi — no representaba suficiente y adecuadamente los intereses del norte del país.
-En Guatemala, las partes negociadoras — el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) — tenían poca representatividad, lo que explica al menos en parte que en 1999, el referendo popular rechazó las reformas previstas en los acuerdos de paz [vi].
-En El Salvador, al contrario, el conflicto había polarizado de tal manera al país que las dos partes eran muy representativas. Cada delegación representaba o reflejaba sus diferentes sectores. Las cinco ramas del FMLN participaron; la delegación del gobierno — no un comisionado, sino una delegación — estaba compuesta por el Jefe del Estado Mayor, el ministro del Interior, el ministro de la Presidencia, un representante del sector privado y un personaje de la esfera intelectual, escogido por el presidente.
Habilidades y química
La personalidad y las habilidades de los negociadores también cuentan. Así, en Sierra Leona, “el gobierno eligió a Solomon Berewa, ministro de Justicia y Fiscal General, para encabezar su equipo, en lugar del beligerante ministro de Economía y antiguo Asistente del Secretario General de Naciones Unidas, James Jonah. Berewa contaba con buenas habilidades negociadoras y era flexible, sin exceder su mandato. Más importante todavía, tenía buenos conocimientos de los temas constitucionales, lo cual resultaba crucial en la estrategia general de negociación del gobierno” [vii].
Es mejor que los equipos sean multidisciplinarios, pues la función y la profesión de quienes negocian influyen sobre los contenidos: las partes solo consideran las opciones con las que se sienten más familiarizadas, más cómodas o competentes. Los abogados tienden a tener una visión jurídica y los militares una visión castrense, de modo que suelen tener perspectivas limitadas, enfoques restringidos y percepciones distorsionadas. Igualmente, la falta de competencia en un tema particular puede llevar a que no sea tratado o no se negocie bien; en El Salvador, por ejemplo, nadie en el FMLN era muy experto en materia de reforma agraria o de reforma judicial.
No obstante, la complementariedad de los negociadores no puede hacerse en detrimento de sus competencias y de la coherencia del equipo. Es mejor evitar representantes sectoriales poco preparados que van y vienen, sin compromisos serios y sin una dedicación total al proceso.
La química personal entre los negociadores puede ser un factor importante. El ejemplo clásico es la que surgió entre Roelf Meyer del Partido Nacional y Cyril Ramaphosa del Congreso Nacional Africano (CNA), los dos jefes de las delegaciones en el caso de Sudáfrica. Sin embargo, un conflicto tampoco se resuelve a base de simple química entre los negociadores.
Ases bajo la manga 
Es preferible que los más altos dirigentes sean el último recurso o la última carta. La experiencia demuestra que cuando los propios líderes negocian, hacen más concesiones que los delegados, porque el peso de defender la posición definida desde el principio resulta menor que para los delegados. Además, el negociador tiene cierto margen de maniobra, y la negociación suele ser más rápida [viii]. Además, cuando las negociaciones se encuentren en un callejón sin salida, es útil tener un as bajo la manga y cambiar de negociador.
En Sudáfrica se establecieron varios niveles para destrabar los bloqueos, mientras que en El Salvador como en Sudán, fue la eventual presencia del máximo nivel de dirigencia en los diálogos, lo que permitió finalizar las negociaciones.
Nombrar amigos personales como representantes o miembros de las delegaciones también ha resultado útil en varios casos. Así, en Guatemala, el nombramiento del secretario privado y amigo personal del presidente Arzú, Gustavo Porras, contribuyó a crear confianza de la otra parte. En El Salvador hizo lo propio la presencia del intelectual David Escobar Galindo, amigo personal del presidente Cristiani.
Finalmente, es crucial que negociadores oficiales hablen en nombre del Estado y no sólo del gobierno. En efecto, los compromisos negociados y firmados deben comprometer a los futuros gobiernos y a todas las instituciones y poderes del Estado.
En El Salvador, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Gutiérrez Castro, declaró que el poder judicial no estaba obligado a poner en práctica los acuerdos firmados por el gobierno, pese que el informe de la Comisión de la Verdad decía muy claramente en sus recomendaciones que “cuando impliquen actos o iniciativas de órganos del Estado distintos al órgano Ejecutivo, el compromiso del Gobierno significa que debe adoptar las acciones e iniciativas necesarias para que las recomendaciones sean puestas en práctica por los canales apropiados del aparato estatal” [ix].
Complejidad dentro de las guerrillas
Muchos exguerrilleros consideran que la participación directa o indirecta de la mayor parte de jefes de un grupo armado ilegal es conveniente por las siguientes razones:

• Primero, tener a los mandos locales en la mesa de negociación no sólo puede ayudar al consenso, sino que facilita la negociación vertical dentro del grupo armado.

Por otro lado, en el transcurso de la negociaciones suelen surgir divergencias entre la cúpula y los mandos medios que están en el campo de batalla. Mientras los primeros empujan una agenda amplia enfocada a las causas profundas del conflicto, los segundos son más minimalistas y tienden a privilegiar un acuerdo que garantice su propia seguridad y les permita reinsertarse en la sociedad. Por lo tanto, introducir la representación territorial en las negociaciones ofrece ciertas garantías, o por lo menos aumenta la probabilidad de que lo que se está negociando sea luego aceptado y puesto en práctica.

• Segundo: incluir a los mandos medios presenta ciertas ventajas en términos tanto de seguridad como de táctica. Mantener intencionalmente a los líderes alejados de las primeras rondas de negociaciones permite evitar cualquier reto al liderazgo. Pero permite también que ciertos mandos medios sean removidos del proceso si las circunstancias de la negociación así lo requieren.

Ahora bien, la pertinencia y la utilidad de tener a los mandos locales de los grupos armados ilegales en la negociación dependen tanto de la estructura organizacional de los que están negociando, como del carácter de la negociación:

• Si la estructura del grupo armado ilegal es de tipo piramidal y la negociación de carácter transformacional, suelen ser los jefes máximos quienes deciden, al fin y al cabo.
• Por el contrario, si el grupo armado ilegal constituye más una especie de federación entre frentes autónomos, puede resultar positivo negociar con sus mandos intermedios o locales.

Sí se aprendió del pasado
Subsisten todavía algunas preguntas:

• ¿Por qué sacaron a alias “el Médico” de los negociadores de la guerrilla?
• ¿Por qué no están ni Joaquín Gómez ni Pablo Catatumbo en la mesa?
• ¿Cómo van a comportarse los militares en las negociaciones?
• ¿Por qué haber escogido a un líder del gremio empresarial que difícilmente representa a los ganaderos, terratenientes o al sector agroindustrial?

Sin embargo, al pasar revista a estas consideraciones generales, al parecer tanto el gobierno de Colombia como las FARC efectivamente han aprendido de los errores del pasado.

Los derechos humanos, un asunto propio de la sociedad civil

Margarita Marín

(24 /09/2012)

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos han logrado permear escenarios inimaginados. Muchas de sus redes están incidiendo en el Congreso estadounidense, en la Unión Europea (Parlamento Europea, entre otros), para no referirnos a lo que sucede en la Organización de Naciones Unidas donde, desde su fundación, han sido reconocidas (art 71 de la Carta) y, donde se cuenta con un organismo especializado para promover y proteger los derechos humanos en el mundo: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH)[1], precisamente sugerida por las ONG.

En el caso de la Unión Europea (UE), puede anotarse que no solo se ha creado una Agencia de los Derechos Fundamentales sino que destina presupuesto para ello (una cuarta parte del presupuesto del Programa para el Empleo y la Solidaridad Social, lo destina en la lucha contra la discriminación[2]). Labor que realiza a través de los Estado miembros pero también con las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, todos los acuerdos comerciales o de cooperación con países no pertenecientes a la UE contienen una cláusula que estipula que los derechos humanos son un elemento esencial. Básicamente, está en el eje de su política exterior común.

Paul Kennedy, en 2007, anotaba que la sociedad civil global es crucial tanto en el presente como en el futuro, y lo son más precisamente las Organizaciones Internacionales No Gubernamentales (OING) de derechos humanos que se comportan con carácter en el sistema internacional. No obstante, Pizarro (Marín, 2009, 73) considera que “las ONG –especialmente las vinculadas al campo de derechos humanos– están perdiendo credibilidad de manera acelerada”. Lo que no hay que perder de vista es que ellas han tenido gran incidencia en la triple revolución en los derechos humanos. Es decir, la legal, de aplicación y el activismo[3].

Si bien son reconocidas por los reportes de prensa, radio o televisión, pues recurren a repertorios simbólicos que llaman la atención de los medios masivos y, son los Estados los únicos que firman tratados; ellas los exhortan para que se desarrolle legislación internacional al respecto, como sucedió con la coalición que trabajó para darle vida a la Corte Penal Internacional o Tribunal Internacional de Justicia. Otro ejemplo de ello es el Tratado de Ottawa, para la eliminación de las minas anti-persona, uno de los problemas que se vive en el territorio colombiano.

Más que ONG y coaliciones, muchas fundaciones e iglesias están involucradas con el trabajo en pro de los derechos humanos. Por ejemplo, “la fundación de Estados Unidos más importante para los asuntos de los derechos humanos en Latinoamérica es la Fundación Ford” (Keck y Sikkink, 2000, 142). Quizá los lectores pensaron en Amnistía Internacional, en Human Rights Watch[4] o en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)[5]. Al volver la mirada atrás, simplemente se comprueba cómo la Fundación Ford ayudó a reubicar a muchos de los académicos latinoamericanos despedidos con ocasión del imperio de las dictaduras en la región, en algunos casos los apoyaron para que establecieran centros de investigación o para que siguieran estudios de posgrado. Los casos en Chile, Brasil y Argentina son ejemplos, a pesar de ser el mismo gobierno de Estados Unidos uno de los más grandes apoyos de los gobiernos dictatoriales del sur.

En el caso colombiano, donde se vive una crisis humanitaria que vulnera los derechos humanos de millones de colombianos, varias organizaciones de la sociedad civil hacen tejido para denunciar la situación y proponer alternativas. Ellas se organizan en plataformas como la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (la Alianza)[6]; la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz[7]; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo[8]; la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos (CCEEU)[9]. Estas plataformas nacionales entran en interacción con organizaciones en otros lugares del mundo y conjuntamente logran el efecto bumerang que hace que sean organismos intergubernamentales los que presionen al Estado para proveer un entorno habilitante y una protección que evite la trasgresión que con el conflicto armado proviene tanto del Estado como de actores al margen de la ley. Así las cosas, los derechos humanos son un asunto propio de la sociedad civil que ha sido activa desde cada uno de sus componentes.

Bibliografía

Keck, Margaret y Sikkink, Kathryn, 2000, Activistas sin fronteras, México, Siglo veintiuno editores.

Marín, Erli Margarita, 2009. “OING y derechos humanos en Colombia. Un golpe ineludible y vigoroso de la sociedad civil”, en Colombia Internacional, No. 69, enero-junio, Bogotá, Universidad de Los Andes, pp. 70- 85.

Orozco, Iván, 2005. “Hacedores de paz y defensores de derechos humanos (una disputa de familia), en Ardila Martha et ál., Colombia y su política exterior en el siglo XXI, Bogotá, Fescol, pp. 215-270.

---

[1] Creada en 1993.

[2] Ampliar información en http://europa.eu/pol/rights/index_es.htm.

[3] Ampliar en Orozco, 2005.

[4] “Human Rights Watch lleva 30 años trabajando tenazmente por sentar las bases jurídicas y morales para un cambio profundamente arraigado, y luchando para que las personas de todo el mundo disfruten de mayor justicia y seguridad”. Ampliar en http://www.hrw.org/es/about.

[5] WOLA promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con sus contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior. Es un recurso clave para organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica y el Caribe, trabajando en la construcción de coaliciones, en investigación, en campañas de incidencia política y en la participación en debates sobre políticas públicas que están relacionadas.

[6] Son 125 organizaciones.

[7] Es un proceso pedagógico.

[8] Son 100 organizaciones.

[9] Son 221 organizaciones.

Una batalla en la corte, una guerra en la política

Margarita Marín

(Publicado 17-09-2012)

Varias organizaciones de mujeres[1] han adelantado acciones colectivas de manera poco convencional. Aun así, han hecho lo que saben hacer. Reportes de situaciones, como la recopilación de 300 historias de mujeres que no recibieron atención cuando solicitaron el servicio médico, luego de haber sido violadas. Han compilado las diferentes comunicaciones que circularon desde la Procuraduría General de la Nación entre noviembre de 2009 y marzo de 2011. Informaron sobre las dificultades para la aplicación de la sentencia C355 de 2006 y las dificultades para el uso de técnicas adecuadas para llevar a cabo los procedimientos médicos. Desarrollar alianzas con redes transnacionales (como Flasog[2]) hasta con centros académicos como la adelantada con la Universidad de Antioquia, para desarrollar investigaciones científico-académicas relacionadas con el aborto. Y claro, volver a acudir a las cortes.

En ninguno de los casos anteriores han estado en contra del Estado, como suele pensarse que siempre hacen las organizaciones no gubernamentales. En cada situación simplemente han buscado que todos cumplan la ley. Bien, la corte constitucional colombiana, en 2006, despenalizó el aborto entre casos específicos (cuando el embarazo es producto de una violación, por malformación del feto y cuando exista riesgo para la madre), pero las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de género han denunciado que no solo hay dificultades para que la ley se cumpla sino que también, desde algunas instancias estatales se desinforma al respecto e incluso se llega a intimidar a los funcionarios con instrucciones que los hace temer de verse involucrados en procesos disciplinarios.

Por todo ello, varias mujeres de manera individual o en representación de organizaciones (como desde Women´s link worldwide) desde las cuales trabajan en temas de género, presentaron una tutela para que, desde la Procuraduría General de la Nación, se ofrezca una información confiable y veraz sobre los derechos reproductivos. Es una batalla en la corte y una guerra política.

En realidad, se trata de repertorios múltiples de acciones políticas[3] desde los cuales se busca una incidencia en las decisiones que les afectan en el marco de la relación público-privado. Efectivamente, una decisión individual como puede ser el recurrir al aborto, que es del ámbito privado, pasa por lo público, porque existe una legislación nacional que lo posibilita en tres casos y lo limita o prohíbe en el resto. Aun así, hay algunas posibilidades médicas que siendo legales tienden a imponerse por las convicciones personales de algunos funcionarios que tienden a manipular la información como fue el caso de las procuradoras delegadas en la infancia y la adolescencia, que en diferentes comunicaciones de la entidad han rechazado la píldora del día después, presentando a la Comisión de Regulación en Salud (CRS) un concepto para no incluir en el POS el misotropol, además han sostenido que documentos oficiales que el aborto en Colombia no es un derecho e intenta que la objeción de conciencia sea generalizada en centros médicos y hospitales, consiguiendo con esto que las mujeres que optan esta decisión, no cuenten con un lugar donde puedan obtener el servicio que requieren.

No faltará el individuo que, por opiniones personales, considere que estas organizaciones de mujeres, que primero apoyaron el aborto y ahora ganan la tutela que posibilita que la corte le exija a la Procuraduría la rectificación de la información relativa a los derechos reproductivos de las mujeres, no representan a todas las mujeres colombianas. Sin duda, ello es verdad. Estas organizaciones de la sociedad civil simplemente promueven un valor democrático: la libertad que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Dicho de otra manera, su derecho a interrumpir un embarazo no deseado (en cualquiera de los tres casos que es legal).

Así las cosas, en las instancias judiciales se ganan las batallas que se libran de manera pacífica en medio de una guerra política que se gana cuando hay posibilidades de participación política, en los términos de Pasquino. Es decir, de “la capacidad de las organizaciones para infundir solidaridad y crear identidades en sectores sociales que participan de experiencias socioeconómicas y culturales similares”. (Revilla, 2002, 43). Precisamente el seguimiento que se ha hecho a los diferentes casos donde las mujeres no han logrado ser atendidas, los informes y publicaciones que han circulado sobre los impactos de acudir a procedimientos irregulares para interrumpir el embarazo, y las confrontaciones institucionales y políticas ocasionadas por la desinformación al respecto, generan solidaridades locales e internacionales que se traducen en cruce de redes transnacionales de defensa, donde la fortaleza de las bases es la que posibilita el éxito de las acciones que logran el efecto bumerang que ya se evidencia en el caso de la procuraduría. Un buen momento de la sentencia, justo cuando hay otro proceso político en juego, como es la posible relección de Procurador General. La norma lo obliga a rectificar, y él también debe acatarla.

Bibliografía

Revilla Marisa, 2002. Zona peatonal. “Las ONG como mecanismo e participación política”, en Las ONG y la política, Istmo, España.

---

[1] ONG Mesa para la vida es “un colectivo de organizaciones y personas que desde su conocimiento y experiencia trabaja por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en particular los relacionados con la libre opción a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto” Ampliar en http://www.despenalizaciondelaborto.org.co/-Que-es-la-Mesa-por-la-Vida-y-la-

[2] Es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.

[3] Este se refiere a la variedad de acciones ciudadanas a través de las cuales los individuos transmiten sus demandas e intereses y tratan de influir en el sistema político. Ampliar en S. Barnes y M. Kaase et al., POlitical Acction: Mass Participationin five Western Democracies, Beverly Hill, Sage, 1979. 

Las ONG no son ángeles blancos ni negros

Margarita Marín

(Publicado 11/09/2012)

Carlos Teijo García, al comenzar el siglo XXI, anotaba que “la etiqueta de ONG ha conocido un éxito social tan clamoroso que, en la actualidad, resulta difícil saber a qué hace referencia“ (Teijo, 2002, 175). En verdad, casi que cualquier entidad sin ánimo de lucro prácticamente se convierte en una organización no gubernamental. Bien, lo que no es gubernamental y no es empresa privada, es organización de la sociedad civil. De ahí hay un trecho para que se convierta en un espacio en posibilite meditar, comentar y negociar.

Lo cierto es que las organizaciones de la sociedad civil posibilitan otras miradas, nuevas alternativas y, si bien hay heterogeneidad en el agente también hay una diversidad nominal. Incluso, los estudiosos usan varios términos bajo el mismo concepto. Precisamente, esas nuevas miradas posibilitan relaciones de cooperación y complementación con el Estado sin ignorar las de confrontación ni las de cooptación. Las segundas suelen ocupar mayor espacio en los medios de comunicación, pues crean noticia, pero las primeras pasan de largo a pesar de ser positivas y constructivas. Estas, suelen incrementarse a medida que toma fuerza la contracción del Estado, dada la ideología imperante.

De esta manera, para las ONG se abren las posibilidades de impacto y de aumentar el alcance de su accionar, pues hay más alternativas de recursos (subvenciones). Podría decirse incluso que hay mayor control pues desde los Estados-Nacionales y desde la banca multilateral se empiezan a atraer a las ONG más exitosas, para gestionar proyectos que uno y otro consideran vitales de emprender en los diferentes territorios. Y si bien estas se identifican como organizaciones de desarrollo, humanitarias, de derechos humanos y ambientales, los Estados-Nacionales, los organismos intergubernamentales y la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc.), a través de la cooperación internacional, logran transformaciones. Las ONG empiezan a competir por los recursos y presentan proyectos más que por sus propios intereses[1], según la oferta de recursos.

Aun así, no puede considerarse que las ONG son ángeles blancos porque cooperan con los Estados-Nacionales o con la banca multilateral. Tampoco, puede hablarse de ángeles negros porque algunas se centran en la resolución de problemas globales, entran en conflicto con los gobiernos y con algunas empresas en aras de contribuir en la reconstrucción social.

Ello no solo es para el ámbito nacional sino que también aplica en lo global. En este orden de ideas, pueden anotarse incidencias en la política internacional y en el ordenamiento jurídico internacional. Sobre este último, vale resaltar dos aspectos fundamentales: uno sobre “el papel que estas organizaciones tienen en los procesos que da lugar al nacimiento de normas internacionales y, el segundo, a las fórmulas a través de las cuales las ONG contribuyen a asegurar el cumplimiento y, por tanto, el funcionamiento efectivo de esas normas” (Teijo, 2002, 214). A más de las incidencias en asuntos glocales que interesan a las poblaciones y a los tomadores de decisión.

En concreto, las ONG pueden ser promotoras (hacen advocacy) de los principios que las orientan o son gestoras (desarrollan proyectos). En uno o en otro caso, son acciones que se abordan tanto en el ámbito nacional como en el internacional, ello depende del alcance que tenga la organización. En cualquier caso, la gama de grises es más amplia que la posibilidad de estar en un extremo u otro del color.

Bibliografía

Teijo, Carlos (2002) “Redes transnacionales de participación ciudadana y ONG: alcance y sentido de la sociedad civil internacional”, en Revilla Marisa, Las ONG y la Política, España, Istmo, pp.172-247.

---

[1] Pueden corresponder a lo que se consideran sus roles; que puede ser: democratizar el desarrollo, promover la movilización social, prestar servicios, ayudar a reducir la pobreza, mejorar las condiciones ambientales, entre otras.

Movilización para incrementar la incidencia

Margarita Marín

(04/09/2012)

Cuando una colectividad actúa sistemáticamente en la búsqueda de un cambio o para resistirse a él, en el medio en el que se encuentra, sin duda se está en presencia de un movimiento social. No obstante, para que tenga éxito una empresa como estas se requiere emprender una estrategia de movilización social que implica la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Más allá de las herramientas, se busca movilizar voluntades y deseos entorno a proyectos de desarrollo que de suyo involucran una posición política. Ello requiere prever: organización, intereses, recursos, oportunidades y establecer estrategias de acción (Puricelli, 2005).

Bien, si se analiza desde esta perspectiva a los movimientos sociales, el abordaje será desde la teoría de la movilización de recursos que es todo un paradigma en términos de acción colectiva entre grupos con intereses diferentes. Todas y cada una de las variables posibilita acercamientos para entender los movimientos sociales pero en tanto que los recursos están direccionados a lo cuantitativo, deja de lado lo cualitativo.

Es por esto que hay autores que prefieren referirse a las estrategias de advocacy aun cuando en Colombia se ha popularizado el término lobby. Las estrategias de abogar o defender (las primeras) son más amplias. De hecho, implican (la segunda) la de cabildeo. Se puede abogar mediante diferentes repertorios y dirigidos a públicos distintos. En otras palabras, desde la sociedad civil se ejerce influencia con diferentes tácticas y ellas dependen del contexto y del tema. De hecho Keck y Sikkink (2000) anotan que las redes de defensa han descubierto maneras creativas para abordar demandas, que precisamente no son nuevas. Son eso: creativas.

Aquella táctica de ubicar acciones o historias que den un sentido y presentar la información compleja de manera sencilla; es decir, llegar en el lenguaje preciso a los diferentes públicos es parte de la movilización de recursos que tiene que ver con las formas organizativas, los objetivos, los discursos, las tácticas (según espacio y tiempo), los repertorios y por supuesto los recursos económicos. Sin duda, otro enfoque en el análisis de la movilización de recursos. Un análisis de la acción colectiva “en términos de la lógica de la interacción estratégica y de los cálculos costo-beneficio” (Cohen y Arato, 2000, 561).

En esos términos, anota Tilly (Cohen y Arato, 2000, 563), la sociedad civil (diferenciada del Estado y de la economía), aparece como un espacio para la acción colectiva. Es decir, la sociedad civil posibilita un mejor entendimiento de los movimientos modernos porque la reconformación de las solidaridades, en el largo plazo, posibilita o abre espacio para un cambio estructural. La presión y la tensión, constituyen tácticas del pasado. De hecho, Keck y Sikkink (2000) muestran que hoy la acción colectiva no es sinónimo de masas. Muchas veces, un litigio en las cortes puede ocasionar más impacto mediático y resultados en términos de incidencia que repertorios masivos. Aun así la calle sigue siendo un espacio público para llamar la atención para la indignación. Dos casos ilustran esta discusión: en el ámbito local, la Ley General Forestal y su declaratoria de inexequibilidad y en el ámbito internacional el frenazo al Acuerdo Multilateral de Inversiones. Un poco más reciente, el M-15, donde las solidaridades están en juego, pero este principio no es compartido.       

     

Bibliografía

Cohen y Arato, 2000, “Sociedad civil y teoría política”, Fondo de Cultura Económica, México.

Keck y Sikkink, 2000, “Activistas sin fronteras”, Fondo de Cultura Económica, México.

Puricelli, Sonia, 2005. “La teoría de la movilización de recursos en América Latina”, en Theomai, Universidad de Zacatecas, México.