Por: Hugo Andrés Mármol Sánchez
No hay justicia
sin memoria. En contextos donde se busca transformar radicalmente el orden
social o político de una sociedad, bien sea en el paso de una dictadura a una
democracia o de la finalización de una guerra al establecimiento de la paz, la
Justicia Transicional aparece como un mecanismo fundamental para ponerle fin a
las violaciones de DD.HH., crímenes de guerra, y en general todos los crímenes
atroces cometidos contra la población civil.
De igual forma,
en este tipo de contextos la satisfacción al Derecho a la Verdad adquiere mayor
relevancia pues es necesario que para la transformación del régimen social y
político, tanto víctimas como sociedad conozcan la verdad de los hechos y por
eso es necesario la construcción de la Memoria Histórica (MH).[1] De
esta manera, el derecho a la verdad sirve como un puente de transición entre la
historia del pasado y el futuro al cual se puede acceder, normalmente, por
medio de Comisiones de la Verdad y tribunales judiciales que son mecanismos para
construir memoria. Uno de los fundamentos es la garantía para la no repetición.
Es por ello que
es fundamental el concurso de todos los sectores (políticos, económicos, sociales,
culturales, etc) pues la Memoria no sólo se construye desde instancias
oficiales. El involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil es
fundamental en el proceso.
Los Proyectos no
Oficiales de la Verdad (PNOV), son proyectos que surgen desde las organizaciones
de la sociedad civil y procuran alcanzar la verdad de los sucesos a través de todas aquellas estrategias
de reconstrucción de la verdad y de preservación de la memoria colectiva.
Generalmente son llevados a cabo por historiadores, periodistas, activistas,
iglesias, etc. Históricamente, los activistas de derechos humanos se han
encargado de hacer públicas las violaciones al Derecho Internacional
Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos en una
multiplicidad de casos alrededor del globo.
Los PNOV comparten
características comunes con las comisiones de la verdad, la principal
diferencia recae en que las comisiones son creadas por el Estado y por tanto
son oficiales. Además, existen numerosas formas de PNOV. Por ejemplo, proyectos
artísticos, teatrales, poéticos o literarios, que se enfocan en el pasado; la
creación de monumentos y actos conmemorativos; montajes paródicos de los
juicios por universidades y ONG[2]. Sin
embargo, la idea es que este tipo de iniciativas sean complementarias y
cooperativas con las Comisiones de la Verdad y/o Tribunales Judiciales, y nunca
excluyentes. No obstante, en casos en donde la garantía del Derecho a la Verdad
y la construcción de la MH no son efectivos, los PNOV se convierten en fuentes
legítimas esclarecedoras de la verdad de los hechos atroces y violaciones
cometidas en un determinado lapso de tiempo.
En este sentido, este texto
resalta el PNOV del caso guatemalteco. “Guatemala: Nunca Más” es el Informe del
Proyecto lnterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI, como es
conocido popularmente) que analiza varios miles de testimonios sobre
violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado
interno. Este trabajo está sustentado en la convicción de que, además de su
impacto individual y colectivo, la violencia quitó a los guatemaltecos su
derecho a la palabra.
Ante el fin del
conflicto guatemalteco en 1994 después de más de 30 años de conflicto armado en
donde la población indígena fue la principal victima de violaciones
sistemáticas a los Derechos Humanos, se creó la Comisión de Esclarecimiento
Histórico para la investigación de los
crímenes cometidos durante esta guerra. Sin embargo, miembros de la sociedad civil
cuestionaron el proceso oficial de búsqueda de la verdad pues a esta Comisión
sólo se le otorgó 6 meses para investigar 30 años de crímenes. Por iniciativa
de la Iglesia Católica de Guatemala, y dada la importancia de la iglesia en
este país, se organizó el PNOV que fue conocido como “Remhi”, y su
documentación fue más completa y elaborada que la de la Comisión Oficial,
registrando 55.000 violaciones de DD.HH. producto de la documentación de 6.500
testimonios[3].
También se usó
diversas estrategias de construcción de la verdad como entrevistas, audiencias
públicas para confesar los crímenes en presencia del sacerdote local;
revelación de datos relacionados con torturas, nombres de los perpetradores y
victimas, y las instancias militares involucradas. Así, en abril de 1998 el
Remhi emitió un informe final de cuatro volúmenes con 1400 páginas. El informe
concluyó que el Ejército fue responsable de alrededor del 80% de las 55.021
violaciones que se documentó[4].
Una vez se
terminó este PNOV, miembros del proyecto continuaron trabajando en campañas de
sanación y reconciliación con la comunidad, que en el escenario local, se
tradujo en reuniones, talleres conmemoraciones, servicios de salud mental,
publicación de afiches y asesoría legal a las víctimas.
Esto nos pone de manifiesto la importancia y trascendencia que la
SC tiene para la reconstrucción de la memoria histórica, no solo mediante la
pedagogía para la paz sino mediante el envolvimiento de la misma en el
esclarecimiento de la verdad de los crímenes cometidos. De esta forma, según el
modelo de las “4 C” de Adil Najam (cooperación, cooptación, complementariedad y
confrontación)(Najam, 1999), se puede apreciar que en este caso se presenta una
relación de complementación por parte de la SC con las autoridades estatales
encargadas de la reconstrucción de la verdad, pues aunque el objetivo de este
PNOV y del proceso oficial de búsqueda de la verdad era el garantizar el derecho
a las víctimas, los métodos usados por cada uno divergían, es decir, que sus
metas eran convergentes pero la forma para alcanzarlas no. Además, mediante
esta complementación de la SC a la institución oficial, se empodera al
ciudadano a influir en este tipo de construcción de la verdad colectiva.
Dada su cercanía con la población civil, y sus diferentes repertorios
de acción que son percibidos menos hostiles a los estatales, las OSC cuentan
con una facilidad para acceder a los relatos que se encuentran entre las
diferentes víctimas y por esta razón no pueden ser dejadas a un lado en el
proceso de construcción de Memoria Histórica, por el contrario, se debe
garantizar la participación de las mismas. El proyecto Remhi pone a la luz la incidencia de las OSC en la
forma como influyen, en la construcción
de la memoria histórica, en función de intereses colectivos, grupos sub
representados y el público en general.
El Remhi es un claro ejemplo de la participación de la SC para influir,
mediante la complementación, del proceso de toma de decisiones y políticas de verdad
que no pueden quedar solo en manos del Estado.
Bibliografía:
Bickford, Louis. “Proyectos no Oficiales de Búsqueda de la Verdad.
International Center of Transnational Justice – Human Rights Quaterly, 2006.
Najam, Adil: “Citizen Organization as Policy Entrepreneurs” en
Villar
Rodrigo. “Organizaciones de la Sociedad Civil e incidencia en
políticas públicas”.
Buenos Aires. Zorzal. 2003
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. “Informe del Proyecto lnterdiocesano de Recuperación
de la Memoria Histórica”. Quinta Edición. Guatemala, 2010. Disponible en: http://www.remhi.org.gt/portal/
[1] Según los
Principios Joinet, el derecho a la verdad tiene una dimensión dual, es decir,
es un derecho individual y colectivo. Es
un derecho de las victimas en la medida que se garantiza una reparación
integral y un derecho de la sociedad a saber los motivos por los cuales se
cometieron los crímenes para así generar memoria colectiva y actos simbólicos
que garanticen su la no repetición de los actos atroces.
[2] Bickford, Louis. “Proyectos no Oficiales de Búsqueda de la
Verdad. International Center of Transnational Justice – Human Rights Quaterly,
2006. Pg 54.
[3] Ibíd. Pg. 64.
[4] Ibíd. Pg. 65.
