MARGARITA MARÍN
(22 de abril de 2013)
Hace cerca de 20 años anotaba el filósofo Luis Alberto
Restrepo
que “la mediación de los cambios sociales de contenido democrático es política
y no de fuerza”. A pesar del paso del tiempo y tras una década del siglo XXI, hoy
algunos recurren a la violencia para coartar los cambios que se exigen desde el
escenario público. Desde la calle.
Me refiero al caso del matrimonio igualitario para parejas del mismo
sexo. Y no es una situación específica de un territorio. Una mirada rápida a
las acciones colectivas emprendidas por las comunidades de lesbianas, gay,
bisexuales, travestis, intersexual (LGBTI) para detener la segregación por su
preferencia sexual, deja un sabor amargo.
Casi que de inmediato se evocan las luchas antiesclavistas en el mundo entero, la
historia del voto femenino, la imposibilidad que tuvieron -por mucho tiempo- los
católicos para acceder a cargos de elección popular en Estados Unidos, el
matrimonio entre judíos y alemanes en los años 30 o los interraciales en
Sudáfrica en el apartheid. Ello, para no señalar el vendaje de pies, en China,
que tuvo un proceso cultural y político que afectó a la sociedad en ese país
asiático.
Ninguno de esos procesos fue fácil. La sociedad debió
organizarse para defender sus intereses y defendiéndolo, promovieron el interés
de todos. De una manera muy hegeliana, y precisamente por ello muy democráticamente.
En Estados Unidos se permiten bodas entre parejas del
mismo sexo en Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Connecticut, Iowa,
Washington DC, Nueva York, entre otros. Unas veces fueron batallas en el seno
del Congreso, en los tribunales fueron otras, pero también se impidió con el
voto directo en estados como California. Podría anotarse que es un logro de la
nueva centuria porque no solo se cuenta cerca de la decena de estados en el
país de Obama, sino que también existe tal posibilidad en Argentina, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, España, Holanda, Islandia Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica,
Suecia, Uruguay y algunos estados de Brasil y México.
En Francia como en Colombia, las organizaciones de la
sociedad civil han desarrollado una serie de tácticas informativas, simbólicas y
de reponsabilización con
las que buscan incidir de manera más efectiva en la toma de decisiones. En
París (Francia), a pesar de contar con el aval del presidente Hollande, grupos
extremistas como el denominado Interacción de Fuerzas Armadas “augura
sufrimiento físico”
para los diputados que no retiren el proyecto de ley que posibilita el
matrimonio homosexual. Sin duda se denota un sentimiento homófobo y una gran
tensión que alcanza visos violentos en las concentraciones que se han tomado
las calles.
En Colombia, la
comunidad LGBTI ha alcanzado logros en los estrados judiciales. Lograron el
reconocimiento de los derechos pensionales de sobrevivencia a las parejas del
mismo sexo. También, que se les reconociera, que con sus parejas pueden
constituirse en familia. Así las cosas, se eliminan barreras discriminatorias,
pero aún persiste el interés de algunos sectores para impedir el matrimonio
igualitario. Solicitan que se busque otro tipo de figuras. Un adalid de esta
posición es el Procurador Alejandro Ordóñez quien hace una interpretación
diferente del fallo de la Corte Constitucional y de la misma Carta Política de
Colombia de 1991. Tras esta posición está la carga moral que identifica al
grupo religioso al que él pertenece, pero también los cristianos que
políticamente se congregan en el MIRA. Algunos partidos políticos buscan
maneras de hundir la iniciativa que debió entrar en la agenda legislativa gracias
al fallo de la Corte Constitucional que los exhortó a normar al respecto.
Aun así muchos intentan artilugios para seguir discriminándolos. Por su parte,
las organizaciones de la sociedad civil determinaron un Comité de Impulso por
el Matrimonio Igualitario y con las ONG como Colombia Diversa han desarrollado
estrategias de movilización que incluyen performance (ceremonias simbólicas) en
sitios de protesta, plantones, comunicados y mucho lobby en el Congreso de la
República.
En concreto, en uno y otro país, se ha pasado de la
protesta a mejorar la información sobre la comunidad LGTBI y sus posibilidades,
las movilizaciones que ayudan a poner el tema en la opinión pública al ser
tratados como noticias en los medios de comunicación, se han judicializado
procesos y ahora se recurre al legislativo para que se legisle y así se evite
la discriminación. Por ahora, la decisión en el Congreso está pendiente, pero
los altos tribunales han señalado que no se les puede seguir discriminando.
Luego, con norma o sin ella, ante el Estado (notarios) ellos estarán protegidos
y se les tratará como a las parejas heterosexuales.
Ha sido un proceso largo para su reconocimiento, pero lo
más importante es que han sabido seguir el protocolo y con ley o sin ella
logran un fallo a su favor, mitigando escenas de violencia. Con ello se
demuestra que el camino político es una opción en democracia, pero que los
focos de violencia siempre estarán al acecho.
